Las comisiones unidas de Gobernación y Justicia de la Cámara de diputados ratificaron el fallo, con 46 votos a favor y tres en contra, de someter a juicio político a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
Las comisiones dieron luz verde al procedimiento faltando cuatro días para que la ex funcionaria sea sometida a proceso en el órgano legislativo. La resolución fue turnada a la Sección Instructora, instancia que dictaminará si el juicio político es sometido a discusión y votación del pleno camaral, informó Milenio.
Sin presentar argumentos, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-Enrique Ochoa reza, Mariana Rodríguez Mier e Ivonne Álvarez- votaron en contra del fallo.
Legisladores de diferentes bancadas se pronunciaron a favor de que antes del primero de diciembre, día en que inicia el proceso, también se levanten cargos contra funcionarios de la pasada administración, incluido el ex presidente Enrique Peña Nieto.
“No seamos ingenuos, sabemos que los juicios políticos tienen un plazo perentorio de un año, entonces existiendo en la Sección Instructora otros juicios políticos en contra de los que están involucrados pues tendrían que estar hoy sobre la mesa para que se les diera también el cumplimiento en términos de los que señala la constitución y la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos”, declaró Lorena Villavicencio, diputada de Morena.
La “Estafa Maestra”
Una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) reveló el esquema utilizado por el gobierno federal de Enrique Pela Nieto mediante el cual a través de 11 dependencias desvió miles de millones de pesos.
Solo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, detectaron contratos ilegales por 7,670 millones de pesos y de estos recursos no se sabe dónde quedaron 3,433 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, los 7,670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían de recibir recursos públicos porque no tienen la infraestructura ni personalidad jurídica para prestar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente no existen, eran empresas fantasmas.
La Secretaría de Desarrollo Social, con Robles Berlanga como titular, el Banco Nacional de Obras (Banobras), con Alfredo del Mazo, como director, y Petróleos Mexicanos (Pemex) con Emilio Lozoya, como titular, son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el entonces auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no dudó en calificar como un fraude millonario.
El esquema consistió en que el gobierno no entregó directamente los contratos a las empresas, sino que primero los otorgó a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las compañías. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron 1,000 millones de pesos de “comisión”, aunque no haya prestado ningún servicio.
Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3,433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. El resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.
Otras dependencias involucradas son: la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas, la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.
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