Colaboradoras del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, abrieron este fin de semana el debate sobre la posible despenalización del aborto en todo el país.
Loretta Ortiz, responsable de la coordinación nacional de los foros organizados para la pacificación del país, dijo que el próximo Gobierno federal analizará las opciones legales para sacar de la cárcel a las mujeres presas por aborto.
En Oaxaca, durante el foro Escucha, organizado para recabar propuestas contra la violencia en México, Ortiz afirmó que una opción para favorecer a las mujeres que purgan sentencias por la interrupción del embarazo podría ser la amnistía.
"Estoy pensando en meter, entre los temas 'amnistiables', a las mujeres que hayan abortado", dijo Ortiz, quien consideró una injusticia que las mujeres en México paguen penas de cárcel por abortar.
"A raíz de la penalización del aborto en Guanajuato, muchas niñas fueron detenidas y procesadas por la realización de un aborto", dijo.
Horas después de esta declaración, la ex ministra de la Suprema Corte y próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo que corregir a su compañera de equipo.
Si bien se manifestó a favor de buscar la despenalización del aborto en todo el país, explicó que por tratarse de un delito del orden común –es decir, tipificado por la ley de cada uno de los estados del país– el Gobierno federal no puede emitir una amnistía.
"Una amnistía invadiría la esfera de competencias de los congresos locales, inclusive de los ejecutivos locales", explicó Sánchez Cordero.
Sin embargo, dijo que sugerirán "respetuosamente" a cada uno de los estados buscar un mecanismo legal para liberar a las mujeres presas por aborto y alentar su despenalización en las leyes locales.
De acuerdo con el informe "Maternidad o castigo", elaborado por la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016 hubo 228 mujeres sentenciadas por interrupción del embarazo, principalmente en el Estado de México (38), Veracruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15).
Durante este período, 83 estuvieron en prisión preventiva por el delito de aborto y otras 53 en prisión definitiva.
De acuerdo con el informe de GIRE, las sanciones por el delito del aborto varían según establezca el código penal de cada estado, pero van de los 15 días hasta los 6 años de cárcel, y multas que pueden ir desde los 20 y hasta los 300 salarios mínimos.
Solo en la Ciudad de México el aborto está despenalizado y las mujeres pueden recurrir a clínicas de servicio público para su práctica segura, antes de las 12 semanas de gestación.
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