El Congreso de México aprobó la polémica ley de seguridad nacional

Con 262 votos a favor y 25 en contra, entre aplausos y gritos de los diputados del oficialista PRI y su aliado el Partido Verde Ecologista, la ley ya va camino a la Presidencia para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así cumple el trámite legislativo esta polémica ley que regula la actuación en las calles de las Fuerzas Armadas y su actividad en labores de seguridad pública que sólo correspondían a las policías. De esta manera, militares y marinos podrán intervenir en estados y municipios "rebasados" por el crimen organizado.

Esta ley, que dota a las Fuerzas Armadas de mecanismos y protocolos para el uso de la fuerza y de criterios de temporalidad y gradualidad para su actuación y permanencia, recibió de inmediato el rechazo de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo #SeguridadsinGuerra.

La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también lamentaron su aprobación al considerar que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos.

Las modificaciones que aplicaron los senadores no incluyó el artículo 11 de la ley, uno de los más polémicos, ya que otorga mayores facultades al Ejército al anotar: "Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior".

Si antes la intervención militar en las labores de seguridad pública se permitió como una excepción, ahora será la norma y el Presidente además tendrá la amplia facultad de emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que puede abrir la posibilidad del uso de la fuerza sin restricción, de acuerdo con los expertos.

Las organizaciones de la sociedad civil han adelantado que pedirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revertir esta legislación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un recurso de Inconstitucionalidad.

La Ley de Seguridad Interior forma parte de un paquete de iniciativas que tienen como propósito enfrentar la situación de violencia que vive el país desde 2007, cuando el ex presidente Felipe Calderón emprendió la ofensiva contra el narcotráfico que ha dejado 200.000 muertos en el país y 30.000 desaparecidos desde entonces.

Había el propósito de reformar de manera profunda las policías y el sistema de procuración de justicia en el país, pero el PRI, el gobierno federal y aun el opositor Partido Acción Nacional (PAN) apostaron por esta ley para enfrentar la violencia.

Mientras tanto, queda pendiente una reforma fundamental: la conversión de la Procuraduría General de la República a fiscalía autónoma, es decir, completamente independiente del Presidente. También reformar el mando policiaco en los estados para fortalecerlos en su responsabilidad de procurar seguridad a la población. Los dos reformas está detenidas en el Congreso.

En cambio, los legisladores metieron el acelerador para cumplir con una demanda de los militares: contar con una ley que "normalice" las funciones de seguridad pública que han cumplido desde hace una década, con resultados poco favorables para el Ejército y los ciudadanos, de acuerdo con evaluaciones de organismo internacionales y nacionales de protección de los derechos humanos.

Impunidad, el problema

Recientemente, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), advirtió que sólo 3 de cada 100 delitos presuntamente cometidos por elementos del Ejército ha tenido castigo y documentó que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de República (PGR) inició 505 investigaciones judiciales en contra de militares por delitos como tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, abuso de autoridad, lesiones, extorsión, secuestro, robo y allanamiento de morada. Pero sólo obtuvo sentencia condenatoria para 16 casos.

"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México", detalla el reporte.

Por eso, la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos consideró en un comunicado que "seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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