En Infobae en vivo, Mauricio Federovisky analizó la situación de los glaciares en Argentina y el proyecto de reforma que impulsa el Gobierno nacional. “Los glaciares están en retroceso, más allá de que se modifique o no se modifique la ley. Eso ya es un fenómeno que está ocurriendo debido al cambio climático, algo que ya más o menos sabemos todos”, explicó el especialista, y consideró relevante repasar el porqué del debate en torno a la normativa vigente.
En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado los lunes por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Fede Cristofanelli, Federovisky recordó: “Al principio de la gestión de este Gobierno se intentó incluir en la ley base la modificación de la ley de Glaciares, pero no consiguió el apoyo necesario para concretarse. El regreso de la discusión muestra que es un objetivo político presente en la agenda oficial”.
Nueva Programación
El especialista subrayó la tradición argentina en la protección de estos ecosistemas: “El año pasado se decretó por primera vez el Día Internacional de los Glaciares, pero Argentina ya contaba con un Día Nacional. Eso invita a pensar que nuestro país tiene una trayectoria de conservación y reconocimiento de la importancia de los glaciares, no solo por su valor ecosistémico sino también turístico”. Destacó el caso del glaciar Perito Moreno: “Es un atractivo a nivel mundial y está en un área protegida, pero existen otros tipos de glaciares menos conocidos que también cumplen funciones clave”.
La ley argentina y las características de la protección glaciar
Federovisky precisó que la Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 y goza de consenso entre especialistas: “Es una ley que no merece ningún tipo de modificación porque es muy completa. Es ejemplo y modelo, no solo para Argentina sino también para otros países”. Explicó que la protección alcanza a distintos tipos de glaciares, incluyendo los menos visibles y los ambientes periglaciales: “No se trata solo del Perito Moreno, sino de glaciares cubiertos, de escombros, ambientes áridos y zonas de permafrost donde cada gota de agua cuenta”.
El punto central del proyecto de reforma es el cambio en la autoridad de aplicación: “Hoy el instituto encargado es el IANIGLA, que define si un ambiente periglacial puede ser intervenido. El proyecto propone que esa decisión pase a las provincias”, señaló. Según Federovisky, esto implica sumar consideraciones económicas y políticas a las definiciones técnicas: “Antes la ciencia definía las intervenciones; la reforma propone que las provincias tengan esa facultad, considerando distintos intereses”.
Maia Jastreblansky resumió el punto: “Los gobernadores, básicamente, serían quienes decidan”.
Actividad minera, agua dulce y el papel de las provincias
Consultado sobre los sectores que impulsan la modificación, Federovisky apuntó: “En general, las mineras. Lo que se desarrolla en los glaciares son emprendimientos mineros, por lo general para extraer cobre, plata, oro”. Señaló que la protección de los glaciares es fundamental para asegurar el acceso al agua dulce: “Solo el 3% del agua superficial en el planeta es dulce, y el 70% de esa agua está en los glaciares”.
El especialista detalló la relevancia para provincias como Mendoza, San Juan y Catamarca: “Los glaciares en Argentina se encuentran en doce provincias y alimentan alrededor de cuarenta cuencas hídricas. Son esenciales para el abastecimiento de agua dulce, no solo para consumo humano sino también para la producción agrícola y ganadera”.
Federovisky remarcó que el retroceso de los glaciares es un proceso ya en curso y que la ley vigente no incluye referencias explícitas al cambio climático: “Sería positivo empezar a discutir las leyes ambientales considerando ese fenómeno que ya estamos percibiendo”.
Debate legislativo y contexto internacional
La discusión sobre la reforma, según relató Manu Jove, se mantiene en la agenda parlamentaria: “La semana pasada la intención era tratarla junto a la Reforma Laboral, pero finalmente no se incorporó porque no estaban los consensos definidos”.
Ante la consulta sobre el contexto internacional y la relación con Estados Unidos, Maia Jastreblansky planteó: “La cuestión de la ley de glaciares se cruza con el interés en promover la minería y el petróleo como motores económicos. El Gobierno busca atraer inversiones a través de mecanismos como el RIGI, y la normativa ambiental es un punto de debate”.
Jove agregó que los acuerdos internacionales en materia ambiental suelen dejar margen para la interpretación local: “La letra fina del acuerdo con Estados Unidos es ambigua respecto a lo medioambiental y deja en manos de cada gobierno la definición de parámetros y garantías”.
Federovisky, por su parte, vinculó el tema con la contaminación del agua: “Una de las consecuencias de los emprendimientos mineros en zonas glaciares es el impacto sobre la calidad del agua, ya sea por residuos plásticos, aguas industriales o la contaminación de los cuerpos de agua”.
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