El agua en una zona de la Amazonía ecuatoriana está contaminada con mercurio por la minería ilegal

Yutzupino es una comunidad ubicada en la Amazonía ecuatoriana donde la fiebre por el oro ha dejado graves consecuencias a los habitantes que, ahora, no tienen fuentes de agua limpias para el consumo humano y para regar los sembríos. El daño ambiental habría afectado entre 40 y 70 hectáreas. Alrededor de 3.000 mineros ilegales trabajaron en 240 piscinas para lavar material pétreo para extraer oro.

Aunque algunos de los habitantes de la comunidad y los colectivos ambientalistas ya denunciaron sobre las prácticas ilegales de minería en Yutzupino, no fue hasta mediados de febrero cuando alrededor de 900 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ingresaron a la zona e incautaron –en varios operativos– 124 retroexcavadoras que servían para buscar oro. El decomiso sucedió en la zona del río Jatunyaku, uno de los más conocidos para practicar rafting en el país.

Leo Cerda, kichwa amazónico y vocero del Colectivo Napo Resiste, según recogió El Universo, ha declarado que las consecuencias ambientales se habrían evitado si las autoridades hubieran escuchado las denuncias que ya se conocían desde hace dos años. “Sin consulta previa a las comunidades el Gobierno dio estas hectáreas a las empresas mineras. Allí ya anunciamos lo que pasaría, presentamos una denuncia y una acción de protección. Presentamos la denuncia cuando solo había cinco retroexcavadoras en Yutzupino, que está a cinco minutos de Tena”, dice.

De acuerdo con la Policía, en Yutzupino había incluso grupos armados que se comunicaban mediante radios en la zona minera. El Ministerio de Gobierno incluso sospecha que una organización delictiva controlaba la minería ilegal en la comunidad. Ese grupo cobraba una tarifa de entre USD 200 y USD 500 para permitir la entrada de mineros que querían extraer el oro del lecho del río Jatunyaku.

Diariamente los mineros ilegales ganaban hasta USD 1.750 por producir entre 15 y 35 gramos de oro, según los cálculos de la Policía. Las investigaciones policiales han reportado que 700 mineros realizaban las extracciones ilícitas, pero si se considera a todos los participantes de la cadena extractiva, el número asciende a 2.000, aunque las organizaciones que han seguido y han denunciado el caso como Acción Ecológica aseguran que “más de 3.000 personas estarían haciendo minería ilegal en esta comunidad de Napo, sin control de las autoridades”.

Las autoridades han indicado que semanalmente en la zona se consumían 6.000 galones de combustible para que la maquinaria opere. Además, para extraer el oro se utilizaba mercurio, un químico altamente tóxico que luego era arrojado al río por los mineros ilegales.

Cerda explicó a El Universo que los mineros ilegales utilizaron al menos 50.000 gramos de mercurio en las 70 hectáreas afectadas. El vocero del Colectivo Napo Resiste sostiene que los restos de diésel y gasolina también eran arrojados a los ríos. Los comuneros que cultivaban yuca o plátano ya no pueden disponer de esos productos porque la tierra está contaminada.

Las actividades mineras ilícitas ocurrían no solo en las riberas del río Jatunyaku sino también en el lecho del río Anzu, ambos afluentes se convierten en el río Napo, uno de los más grandes de la Amazonía, donde alrededor de sus aguas se asientan al menos 1.500 comunidades indígenas. “Esto significa que el problema no solo es el agua contaminada que es bebida por las comunidades, sino que los peces van a contaminarse también y las personas van a comerse esos peces. El mercurio se va acumulando en el cuerpo humano hasta que el individuo enferma o muere por altos índices de este metal”, explica Cerda.

Además de las actividades extractivas ilegales, Acción Ecológica ha denunciado otras graves violaciones de derechos: “existe violencia intrafamiliar, muertes sin esclarecer, alcoholismo, explotación sexual a niñas”.

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