En el marco de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (COP26) que se está desarrollando en Glasgow, Escocia, miembros de la organización Jóvenes por el Clima Argentina (JOCA) y de la ONG Avaaz (una organización global estadounidense fundada en 2007 que promueve el activismo ciudadano frente al cambio climático), reclamaron que se reconozca la deuda ecológica que tienen los países ricos con los países emergentes.
Además, pidieron que se implemente un sistema de reducción, e incluso de eliminación, de las deudas externas financieras de esas naciones, en compensación por la deuda histórica que el mundo desarrollado mantiene con el resto del planeta en cuestiones climáticas.
Uno de los puntos neurálgicos de discusión en esta COP26 fue el compromiso asumido en 2009, por parte de los países más desarrollados, de aportar US$100 mil millones anuales desde 2020 para el financiamiento de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático en países de ingresos bajos y medios. No solamente esta meta no se cumplió hasta el momento, sino que en la cumbre de Glasgow el ministro de Finanzas del Reino Unido, Rishi Sunat, afirmó que la cifra sería alcanzada recién en el año 2023.
La promesa de transferir recursos a países menos desarrollados no radica en un acto de solidaridad por parte de las economías más desarrolladas, sino que se fundamenta en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Como su nombre lo indica, este principio alude a que los países cuyo desarrollo industrial provocó un mayor grado de emisiones de gases de efecto invernadero, cargan con una responsabilidad mayor a la hora de financiar la transición energética.
El economista catalán Joan Martinez Alier, impulsor del ecologismo político en España, definió a la deuda ambiental como “la deuda contraída por los países industrializados con los demás países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar sus residuos.”
En la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP 26 el presidente Alberto Fernández reafirmó la postura del gobierno argentino de “crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”.
En materia de política climática global, la deuda ambiental no solamente constituye un reclamo de justicia para subsanar esas inequidades históricas, sino que que a la luz de las advertencias de la comunidad científica se torna una necesidad, por la incompatibilidad entre el cumplimiento de los compromisos sobre cambio climático que implican invertir en una estrategia de transición y honrar los compromisos de endeudamiento externo y sus respectivos intereses.
Dos meses antes de la COP 26, en la Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a esta noción señalando la necesidad de “ofrecer opciones que vinculen la acción climática con la sostenibilidad de la deuda” en el marco de una transformación de la arquitectura financiera internacional.
Según un estudio de la Universidad de Cambridge, la Argentina es uno de los tres países del mundo que tendría un superávit crediticio positivo al incluirse la variable climática en el análisis de las deudas soberanas de todas las naciones.
Emilio Spataro, miembro de la organización civil Avaaz, sostuvo que “Argentina es también uno de los países que presenta una Huella Ecológica positiva por lo que la humanidad en su conjunto se beneficiaría más si el país conservará sus activos ambientales e ingresara en la senda del desarrollo sostenible, que si se viera forzado a rematar sus recursos naturales para pagar su deuda”.
En la movilización masiva de mas de 100 mil jóvenes en las calles de Glasgow, hubo presencia de consignas y carteles reclamando el reconocimiento de esta deuda ambiental.
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