La fiscalía federal del Sur de la Florida (EEUU) acusó este jueves al ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno, por recibir sobornos a cambio de utilizar su cargo para resolver casos civiles y penales.
Moreno fue imputado por conspiración para cometer blanqueo de capitales, encubrimiento y por participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
El magistrado del régimen chavista, recibió más de 10 millones de dólares en sobornos de contratistas venezolanos que tenían convenios con entidades propias de la dictadura de Nicolás Maduro.
En 2014, antes de su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo, recibió un millón de dólares a través de transferencias bancarias por parte de un contratista venezolano por resolver futuros casos penales a favor de esta persona.
Según la fiscalía de Florida, Maikel Moreno también lavó dinero de un empresario acusado en Estados Unidos de un esquema de fraude multimillonario para que se desestimara la causa.
Aceptó, además, autorizar el embargo judicial de una fábrica de automóviles de General Motors (valorada en unos 100 millones de dólares) a cambio de un porcentaje de interés en los beneficios de la venta de la compañía.
Moreno utilizó el dinero de los sobornos para comprar o renovar propiedades en todo el mundo, incluida una villa en Toscana, Italia, por 2,4 millones de euros, una mansión en La Romana, República Dominicana, por 1,5 millones de dólares, un edificio en Las Mercedes en Caracas, Venezuela, por 1,3 millones de dólares, y un apartamento en Miami por 1,3 millones de dólares.
También utilizó los ingresos de los sobornos para comprar carros de lujo, costearse viajes para él y su familia, además de gastar más de 300.000 dólares para una actuación musical en su boda.
Durante su gestión como máximo magistrado del Tribunal Supremo, Moreno influyó en las decisiones judiciales en Venezuela, ya que tenía la autoridad para determinar el jurado que conocía los casos dentro del organismo y el poder de nombrar o destituir a los jueces de tribunales inferiores, según la acusación penal presentada por la fiscalía de Florida. Esta actividad se prolongó desde 2014 hasta marzo de 2019.
Cada uno de los delitos de blanqueo de capitales se castiga con una pena máxima de 20 años, y cada uno de los cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas conlleva una pena máxima de 10 años.
(Con información de AFP)
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