Estados Unidos sancionó este jueves al ministro del interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, por “graves violaciones a los derechos humanos”. Así lo anunció el departamento del Tesoro, que en un comunicado atribuído al titular de la cartera Steven Mnuchin indicó que “el régimen tiene una larga historia de abusos”.
“Estados Unidos continuará usando todas las herramientas a su disposición para abordar la terrible situación de derechos humanos, tanto en Cuba como alrededor del mundo”, agrega el documento, que también extiende la medida a toda la cartera.
De esta manera, todas las propiedades o intereses en ellas por parte del funcionario pasarán a estar bloqueadas, lo mismo que las transacciones vinculadas que pudieran llegar a realizar residentes estadounidenses o personas que se encuentren temporalmente en el territorio.
Las sanciones, impuestas en el marco de la ley global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, incluyen también “la transferencia de fondos, bienes o servicios realizados por o hacia la persona bloqueada”.
A la hora de justificar la decisión, el departamento del Tesoro detalló que el ministerio del Interior “es responsable por la seguridad interna de Cuba e incluye el control de la policía, fuerzas de seguridad internas y el sistema penitenciario”. “Unidades especializadas son responsables de monitorear la actividad política, y la policía de cuba apoya estas unidades arrestando personas de interes para el ministerio del Interior”, agrega.
El documento menciona específicamente el caso del líder disidente José Daniel Ferrer, recordando que en septiembre de 2019 “estuvo preso en una instalación controlada por el ministerio del Interior, donde fue golpeado, torturado y aislado”.
“Además, Ferrer no recibió atención médica mientras estuvo en prisión. Lázaro Alberto Álvarez Casas era entonces el viceministro del Interior hasta noviembre de 2020, cuando fue promovido a ministro”, detalla el comunicado. En consecuencia, fue sancionado por ser considerado “responsable o cómplice y haber estado vinculado directa o indirectamente en abusos de derechos humanos”.
Esta es la última de una serie de medidas contra el régimen castrista impuestas por la administración de Donald Trump antes de terminar su mandato el 20 de enero. Solo en 2021 añadió a un banco cubano a su lista de entidades sancionadas, alegando que “beneficia desproporcionadamente” a los militares de la isla y ayuda a financiar la “injerencia” de La Habana en Venezuela. Y, más notablemente, volvió a incluir a Cuba en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo.
“Con esta medida, volveremos a responsabilizar al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro: el régimen de Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Mike Pompeo, a la hora de fundamentar la decisión, anunciada el pasado 11 de enero.
De esta manera, Cuba se volvió a unir a un muy pequeño grupo, solo integrado por Siria, Irán y Corea del Norte, naciones más ampliamente condenadas por fomentar el terrorismo, en la lista de Estados Unidos. Sudan fue removido recientemente tras restaurar relaciones diplomáticas con Israel. Cuba había sido incluida originalmente en la lista en 1982, pero fue eliminada por el presidente Barack Obama en 2015, en un momento en el que buscaba mejorar las relaciones económicas y diplomáticas con la nación caribeña.
En contraste, el presidente electo, Joe Biden, ha indicado que quiere reforzar la política de la era de Obama de reducir las restricciones económicas y de viajes con la esperanza de que los lazos más estrechos y un mayor nivel de capitalismo allanen el camino para el cambio hacia la democracia en Cuba.
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