
El Tribunal Constitucional de Italia consideró hoy que no siempre es castigable la ayuda a morir a un enfermo con una patología irreversible, que le causa sufrimiento físico o psicológico, un fallo histórico que ha sido celebrado en el país por los defensores de la eutanasia.
Los magistrados se han pronunciado sobre este asunto a petición de un tribunal de Milán, que juzga a Marco Cappato, antiguo eurodiputado y miembro del Partido Radical, por ayudar a morir a Fabiano Antoniani, conocido como Dj Fabo.
Antoniani quedó tetrapléjico y ciego tras un accidente de tráfico y se sometió a la eutanasia en una clínica suiza en febrero de 2017.
En la sentencia, muy esperada, la corte consideró que “no es punible” en forma sistemática la persona que ayuda a otra a cometer un suicidio.
La corte enumera una serie de condiciones para descartar el castigo, entre ellas que el consentimiento sea dado en forma clara, que se lleve a cabo con sedación profunda y bajo el control de las autoridades públicas y después de consultar un comité ético.
Los magistrados instan además al parlamento italiano a legislar sobre el tema.
Cappato, que se arriesgaba a doce años de prisión, ha celebrado el fallo y ha señalado en las redes sociales que ahora la sociedad italiana es “más libre”.
“Los jueces han decidido: quienes están en condiciones como las de Fabo tienen derecho a ser ayudados”, ha escrito.
Fabo había apelado al presidente de la República Sergio Mattarella por el derecho a una muerte digna y, poco antes de su fallecimiento, había criticado a Italia por no aprobar leyes sobre cuestiones relacionadas con la eutanasia.

El suicidio asistido es legal en Suiza y puede ser facilitado por personas que no son doctores.
En Italia, con una fuerte tradición católica, la clase política no ha logrado legislar sobre la muerte asistida pese a una serie de casos que han conmovido al país abriendo un debate.
“Esta es una victoria de Dj Fabo. Su muerte no ha sido inútil”, comentó Cappato, quien lucha desde hace años a favor de la eutanasia y la muerte asistida.
A pesar de que los legisladores acordaron acelerar un proyecto de ley para aclarar los problemas sobre la muerte asistida, ninguna ley ha sido aprobada hasta ahora.
“La Corte Constitucional garantiza lo que el Parlamento no ha querido reglamentar”, comentó por su parte Benedetto Della Vedova, del partido Más Europa, a favor de una ley para la muerte digna.
El artículo 580 del Código Penal italiano sanciona con penas de prisión de entre uno y doce años a “quien determine el suicidio o alimente el propósito de suicidio de otra persona”.
(Con información de AFP y EFE)
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