
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al grupo financiero Compañía de Recursos de Riqueza del Sur (SWRC), con sede en Irak, por el tráfico de cientos de millones de dólares en armas para las milicias iraquíes apoyadas por la Guardia Revolucionaria de Irán.
Según EEUU, la compañía sirvió de fachada para facilitar el acceso de la Guardia Revolucionaria al sistema financiero iraquí para evadir las sanciones.
Este esquema, detalla el Tesoro, también sirvió para enriquecer a Abu Mahdi al Muhandis, asesor iraquí del Comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, "quien ha dirigido redes de contrabando de armas y ha participado en bombardeos de embajadas occidentales e intentos de asesinato en la región".
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SWRC y sus dos colaboradores están siendo designados como "Terroristas Globales Especialmente Designados", la lista negra que integran los que proveen apoyo a terroristas.
"El Tesoro está tomando medidas para cerrar las redes iraníes de contrabando de armas que se han utilizado para armar a los representantes regionales de la Guardia Revolucionaria en Irak, al tiempo que enriquecen personalmente a los miembros del régimen", dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin.
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"El sector financiero iraquí y el sistema financiero internacional en general deben endurecer sus defensas contra las continuas tácticas engañosas que emanan de Teherán a fin de evitar la complicidad en los actuales planes de evasión de sanciones", agregó.
EEUU también incluyó en la lista negra de quienes financian o apoyan al terrorismo a Makki Kazim Abd Al Hamid Al Asadi (Makki Kazim Al Asadi) y Muhammed Husayn Salih al Hasani (Al Hasani), dos individuos con base en Irak que ayudaron a facilitar los envíos y las operaciones financieras del Comandante de la Guardia Revolucionaria a través de la SWRC.
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Según el Tesoro, Makki Kazim Al Asadi ha actuado como intermediario para facilitar los envíos destinados a Irak, y ayudó a los iraníes a acceder al sistema financiero iraquí para evadir las sanciones. Y Muhammed Hussein Salih al Hasani, como agente autorizado y representante de la SWRC firmó todos los contratos para la compra de las armas.
El 8 de abril pasado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, designó a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán como "organización terrorista extranjera", en medio de una campaña de su Gobierno para aumentar la presión sobre el régimen teocrático.
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Se trató de una medida sin precedentes, ya que nunca antes el Departamento de Estado de Estados Unidos había incluido en su lista a un entidad gubernamental de otro país. "Este paso sin precedentes reconoce la realidad de que Irán no solo es un Estado patrocinador del terrorismo, sino también que los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria participan, financian y promueven el terrorismo como una herramienta estatal", aseguró en ese entonces el mandatario.

La Guardia Revolucionaria iraní surgió en 1979 tras la Revolución Islámica que depuso al sha de Persia e instauró el actual régimen teocrático dirigido por los ayatollahs.
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Fue creada como una rama de las Fuerzas Armadas de Irán encargada de proteger precisamente el régimen teocrático y la república islámica. Actualmente cuenta con unos 120.000 miembros destinados a unidades terrestres, navales y aéreas, y la Fuerza Quds es su división de operaciones en el extranjero. Además, controla a las milicias Basij, que suman otros 90.000 miembros.
Su vinculación con el terrorismo y su presunto rol desestabilizador acusado por Estados Unidos están relacionados con las acciones de la Fuerza Quds, que dirige las operaciones iraníes en Siria, Irak, Afganistán y el Líbano, entre otros países.
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En este rol se cree que la Fuerza Quds apoya y entrena a los grupos terroristas Hezbollah en el Líbano, ya Hamas y Yihad Islámica en la Franja de Gaza, además de las milicias hutíes en Yemen y a distintos grupos chiitas en Siria y Afganistán.
Como resultado de las sanciones anunciadas hoy por el Tesoro, todas las propiedades e intereses en los EEUU de los designados deben ser bloqueados y reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos con los sancionados.
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