Cambios a la ley de inmigración en Estados Unidos afectarían a millones de personas

La administración del presidente Donald Trump, está considerando revertir la deportación de residentes legales con permanencia en los Estados Unidos que utilicen los beneficios públicos. Esto con el fin reforzar las medidas de inmigración de las personas de escasos recursos.

De acuerdo con el medio británico DailyMail, el Departamento de Justicia de EEUU ampliará de manera drástica las categorías en las que las personas que podrían ser deportadas por la utilización de las ayuda que proporciona el estado.

El documento usaría una definición más amplia a la hora de incluir a los migrantes que han usado los beneficios, que se declaran  como "cargos públicos", esto es que dependen principalmente del estado  para subsistir.

El gobierno analiza la posibilidad de que dichos casos puedan ser deportados, pero llevarlo a la practica seria un tanto complicado pues representa retirar asistencia social en efectivo, cupones de alimentos, ayuda para la vivienda, entre otros.

Al tratarse de una medida que se encuentra en una etapa temprana es difícil adivinar se se convertirá en una oficial del gobierno. Si embargo generar el riesgo de atraer juicios indeseados en contra del gobierno de Donald Trump.

De implementarse se generaría un gran impacto en los recientes permanentes que tiene en su poder la anhelada "tarjeta verde" la cual les da el derecho utilizar los beneficios públicos poco después de su llegada al país.

El conocido "sueño americano" podría se complicado cada vez más por los asesores del presidente con medias desesperadas busca cumplir con sus promesas de campaña de reducir la inmigración ilegal en EEUU.

La ley de EEUU permite la deportación en sólo si el inmigrante se ha convertido en un caso de "cargo público" dentro de los cinco años posteriores a su admisión.

Debido a un fallo de 1948, la deportación de inmigrantes por el uso de beneficios se ha limitado únicamente a los casos en los que el gobierno ha exigido que se realice el pago del servicio público y el beneficiado no haya pagado.

Los beneficios en cuestión incluyen el Ingreso, de Seguridad Suplementario (SSI) el cual es entregado a personas con discapacidad y personas de la tercera edad; el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos; Sección 8 vales de vivienda; muchos beneficios de Medicaid; y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), un programa de asistencia en efectivo.

Expertos en el tema y defensores de migrantes aseguraron que no existe un impacto claro, pero si se trataría de una devastación para la práctica de larga data.

"Estamos en un nuevo territorio aquí porque esto nunca ha sido probado", dijo Charles Wheeler, un abogado del grupo sin fines de lucro Catholic Legal Immigration Network. "Me preocupa que vaya a ser dirigido a extranjeros residentes permanentes que de otra manera pensaban que eran libres y claros para recibir SSI y otros programas de beneficios públicos".

La propuesta del Departamento de justicia se basa en un plan similar del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que amplía de manera significativa lo que significa ser una carga pública.