
Un juez estadounidense ordenó este lunes a la Administración del presidente Donald Trump que deje temporalmente de deportar a familias que han sido reunificadas tras su separación en la frontera con México como consecuencia de la política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal.
Tras una moción de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para evitar "deportaciones en masa", el juez Dana Sabraw instó al Gobierno a no expulsar del país durante la próxima semana a ninguna de estas familias para que decidan con calma si piden asilo político.
Con base en la lista que le fue entregada a los demandantes este fin de semana, se calcula que "más de cien padres" que son elegibles para beneficiarse por este mandato judicial ya han sido deportados, dijo Lee Gelernt, abogado de ACLU, tras la audiencia de seguimiento del proceso de reunificación familiar celebrada en San Diego (California).
El grupo de derechos civiles, que presentó la demanda que llevó al juez a ordenar la reunificación familiar en junio pasado, indica que "persisten" rumores que indican que el Gobierno da incluso unas "pocas horas" a los padres para que decidan si regresan a sus países de origen o inician un largo proceso judicial.
Por ello, estiman oportuno, y Sabraw les dio la razón, que es necesario una semana para tomar una decisión "extremadamente compleja".
El magistrado dio al Gobierno hasta el 23 de julio para responder a las cuestiones planteadas por ACLU y decidió que hasta entonces no deberán deportar a ningún indocumentado que fue separado de sus hijos en la frontera.
Gelernt dijo que se encuentran "extremadamente satisfechos" con la insistencia del juez en que el Gobierno cumpla con la entrega de menores dentro del lapso establecido desde el principio.

Durante la audiencia, la abogada que representa al Gobierno, Sarah Fabian, pidió tiempo para analizar si la orden de frenar deportaciones de los padres puede interferir con el proceso de reunificación por la falta de espacio para albergar familias, pero Sabraw fue contundente al decir que no debe haber demoras.
"Si el espacio es un problema, el Gobierno tendrá que hacer espacio", subrayó.
ACLU señala en su petición que la decisión es ahora más complicada después de que el Departamento de Justicia anunciara el 11 de junio pasado que "no serán elegibles para el asilo" los migrantes víctimas de violencia doméstica o de pandillas, motivos frecuentemente alegados por los inmigrantes centroamericanos.
Ante esta nueva directriz, esta organización estima que los indocumentados necesitan tiempo suficiente para tomar una decisión "informada" y "sin presiones".
Por orden del propio magistrado de San Diego (California), la Administración Trump se apresura estos días para cumplir el plazo establecido para el 26 de julio de devolver a sus padres a los cerca de 3.000 menores que el Gobierno separó como consecuencia de su política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal.
El pasado martes, se cumplió la primera parte de este plazo, en el que el Gobierno debía entregar a 103 menores de 5 años separados de sus padres, aunque finalmente esa cifra quedó reducida a 57 al alegar que no pudo completar el resto de las reunificaciones por, entre otros motivos, la seguridad de los niños.
ACLU indicó hoy que han recibido dos listas por parte del Gobierno sobre el resto de menores que todavía permanecen separados: la de los padres tiene 1.600 nombres y la de los niños unos 2.500.

Del total de padres, unos 1.300 ya han sido investigados, por lo que están más cerca de ser reunificados con sus hijos.
La organización asegura que tiene noticias de que la reagrupación familiar de los menores de entre 5 y 18 años ya comenzó y que estos inmigrantes están en "grave riesgo" de "ser reunificados solo para ser inmediatamente deportados, sin toda la información" sobre sus opciones, a pesar de tratarse de casos de "vida o muerte".
Sin embargo, el Gobierno no detalló cuántas familias fueron reunidas este fin de semana, aunque prometió que dichos números estarán disponibles en el transcurso del día y dijo que acelerará el proceso, aunque eso no implicará en ningún caso entregar a ningún menor sin confirmación de parentesco.
(Con información de AFP)
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