La JEP se unió con la justicia afrodescendiente para investigar delitos contra la población étnica por parte de las Farc

La primera versión interjusticias fue entre la JEP y las autoridades del Tribunal de Ética y Justicia Ancestral Afrodescendiente del norte del Cauca

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Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. En el Caso 05 se encuentran acreditadas 84 organizaciones afrodescendientes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca que reúnen a más de 40 mil víctimas. (Foto: referencia)
Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca. En el Caso 05 se encuentran acreditadas 84 organizaciones afrodescendientes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca que reúnen a más de 40 mil víctimas. (Foto: referencia)

Se llevó a cabo en Santander de Quilichao (Cauca) la primera versión interjusticias entre la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y las autoridades del Tribunal de Ética y Justicia Ancestral Afrodescendiente del norte del Cauca en el marco del Caso 05 de la Jurisdicción.

Esta acción constituye un hito para la administración de justicia en Colombia, pues es la primera vez que se realiza una audiencia conjunta entre ambas jurisdicciones.

En esta diligencia intervinieron las autoridades y mayores afrodescendientes de la región priorizada por el Caso 05 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y dos comparecientes afrodescendientes que hicieron parte del Frente 6 de las Farc-EP.

La diligencia se ordenó mediante los autos 3 y 269 de 2022, dentro del Caso 05 de la Sala de Reconocimiento con fundamento en lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1957 de 2019, la Ley 1922 de 2018, el Reglamento General de la JEP y Protocolo 001 para el relacionamiento entre la JEP y los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros (Narp), los cuales han implementado mecanismos de coordinación interjurisdiccional y diálogo intercultural para concertar espacios como este, en el cual se reconoce y dignifica la autonomía de los pueblos afrodescendientes de Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- reconoció la importancia de la justicia propia afrodescendiente en la protección de los derechos de las víctimas y en la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia.

Mediante esta nueva modalidad de diligencias conjuntas se garantizan los derechos a la libre autodeterminación, la autonomía y el autogobierno de los pueblos afrodescendientes y a conservar sus propias instituciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas.

Aparte de las autoridades del Tribunal de Ética y Justicia Ancestral Afrodescendiente del Cauca, en la versión participaron integrantes de los 43 consejos comunitarios del norte de ese departamento haciendo preguntas directamente a los comparecientes sobre hechos atribuidos a las Farc-EP en esta región. También participaron los representantes de las víctimas indígenas, campesinas e individuales acreditadas y la delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Este trabajo conjunto y articulado de las dos jurisdicciones fortalece y aplica las garantías de los derechos de las víctimas afrodescendientes, fruto de la aplicación del principio dialógico que implicó la construcción conjunta de la verdad con el apoyo de las autoridades afrodescendientes, los comparecientes, los equipos de defensa, el Ministerio Público, las víctimas y sus apoderados procesales para garantizar el esclarecimiento de los hechos cometidos en el conflicto armado”, indicaron desde la Jurisdicción Especial para la Paz.

En el Caso 05 se encuentran acreditadas 84 organizaciones afrodescendientes del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca que reúnen a más de 40 mil víctimas del conflicto armado interno.

<b>En contexto: Caso 05</b>

El Caso 05 prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y las violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno en 17 municipios: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca, y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Sur del Valle del Cauca.

El caso fue abierto el 8 de noviembre de 2018 y hasta el momento se han acreditado 180 mil víctimas del conflicto.

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