Exterminio de la Unión Patriótica: el estado colombiano fue “ineficiente” en investigar, asegura la CIDH

En diciembre de 1993, los militantes sobrevivientes del partido Unión Patriótica (UP) llevaron ante los estrados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el exterminio que vivieron durante casi 20 años, donde los asesinaron, intimidaron, entre otros delitos de lesa humanidad. Tras casi 30 años de esa acción, al Corte IDH por fin emitió una respuesta al respecto.

El caso se encasilló como ‘Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia’, y en este se documenta cómo, durante todo ese tiempo, más de seis mil víctimas pertenecientes a esa colectividad sufrieron múltiples vejámenes, donde se evidencian desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio.

El mismo tribunal internacional se refirió al respecto, confirmó varios de los delitos a los que sometieron a los integrantes de ese partido de izquierda y cuestionó las actuaciones que el Estado colombiano tomó para evitar todas esas situaciones de angustia desde 1984.

Por otro lado, los magistrados de la citada corte consideraron que las investigaciones de Colombia contra los abusadores de los miembros de la UP fueron ineficientes y reiteraron que los ataques contra esos personajes fueron motivados por el simple hecho de militar en dicha colectividad y no por otros frentes.

“Se sostiene que las investigaciones adelantadas por el Estado respecto de los hechos del caso habrían sido incipientes e insuficientes, y no habrían logrado proveer ni a los sobrevivientes ni a los familiares de los fallecidos ni a la sociedad colombiana en su conjunto, de un verdadero esclarecimiento sobre las responsabilidades del exterminio contra los integrantes y militantes de la UP”, cuestionó el alto tribunal extranjero.

Cabe mencionar que, para llegar a las citadas conclusiones, en febrero del 2021 la Corte IDH escuchó a todos los involucrados en el caso para llegar a un veredicto final. Dentro de los personajes que escuchó el tribunal estuvieron , las víctimas, testigos, peritos, y a los mismos representantes del Estado colombiano.

Aunque la Corte IDH no profirió sentencia contra el Estado colombiano, se prevé que se encuentra revisando todo el material probatorio para dar un veredicto final. Cabe anotar que, en caso de que se aprueben sanciones contra la Nación, esta se convertiría en la condena número 26 para el país por la violación de los derechos humanos.

Lo dicho por Aponte se dio durante la audiencia de conciliación en 2021, donde los magistrados se mostraron muy sorprendidos por el exorbitante número de víctimas. Además, hay serios cuestionamientos contra el Estado por violar los tratados para prevenir la desaparición forzada, de los cuales se registraron, según la litigante, más de 500 casos durante el exterminio de la UP. Inclusive, se reportan casos de violencia sexual, tortura, entre otros de los citados delitos al inicio de este artículo.

“Pero también hemos dicho que mataron a más de 3.000 personas militantes y cometieron otro conjunto de violaciones que eleva la cifra de victimización a más de 6.000, decimos que no fueron hechos aislados, sino que se cometieron con la intención o tolerancia del Estado y que pudo tener el propósito de exterminar el partido político. Nosotros decimos que esa intención existió y progresivamente el partido perdió la fuerza política a tal punto que le suprimen la personería política. No fueron crímenes aislados, sino cometidos con la intención de eliminar el partido del escenario político”, añadió la abogada Aponte en ese entonces. Por ahora, se esperan nuevas acciones.

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