Suspenden por 10 meses al exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali por falta de gestión durante el paro nacional

Por la supuesta falta de gestión frente a las afectaciones de bienes públicos, bloqueos de vías públicas y distintos hechos de violencia que se presentaron durante el paro nacional de 2021 en Cali, la Procuraduría General de la Nación sancionó con diez meses de suspensión al exsecretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca Carlos Alberto Rojas.

Así lo determinó el Ministerio Público luego de evidenciar que el funcionario no tomó las medidas pertinentes para levantar los bloqueos que se presentaron en varios puntos de la ciudad, a la vez que comprobó que no realizó actuaciones que permitieran mitigar los incendios, accidentes de tránsito, hechos de vandalización y auxilio de enfermos y lesionados.

“Lejos de tomar decisiones contundentes frente a la grave situación de orden público que vivía la sociedad caleña, y a pesar de las indicaciones de su jefe inmediato, el alcalde municipal (…) únicamente se dedicó a asistir y convocar al Puesto de Mando Unificado presentando estadísticas de la grave situación acontecida, sin realizar ninguna labor contundente para contener la oleada violenta y de actos de vandálicos que se agravaban diariamente luego del paro del 28 de abril de 2021″, indicó el órgano de control.

A su vez, se estableció que el exsecretario presentó un resumen con las novedades diarias al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, sin embargo, no se demostró gestión alguna durante los saqueos, movilizaciones sociales, en las que se registraron un alarmante número de muertos, al parecer a manos de miembros de la fuerza pública, y el bloqueo de una ambulancia que se dirigía de Palmira a Tuluá.

De igual manera, el Ministerio Público encontró que en los documentos de las violentas jornadas del paro, que tuvieron una fuerte represión por parte de la fuerza pública, no se identificaron estrategias de la Secretaría, ni acciones que permitiera levantar los bloqueos que alteraron las dinámicas ciudadanas.

“Finalmente, la entidad cuestionó su actuación negligente y la falta de acciones propias de su cargo: coordinar estrategias, adelantar labores de inteligencia, elaborar un estudio de los lugares de riesgo, con lo que incurrió en el incumplimiento de sus funciones”, indicó el órgano de control.

Por último, la Procuraduría señaló que en este fallo de primera instancia se calificó esta falta como grave cometida a título de culpa grave, y se especificó que debido a que el funcionario ya no se encuentra en el cargo la suspensión se traducirá en diez meses de salarios devengados para el momento de comisión de los hechos establecidos en 2021.

Llama la atención que en el comunicado del Ministerio Público no se aborden las responsabilidades frente a las graves afectaciones por parte de los miembros de la fuerza pública a los manifestantes, debido a que Cali fue uno de los epicentros de las protestas en las que se registraron cientos de heridos y 44 de los 80 fallecidos por violencia homicida, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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