
El hijo menor de la excandidata presidencial íngrid Betancourt, Lawrence Delloye Betancourt, ganó una millonaria demanda que interpuso en una corte de Estados Unidos contra las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por haber planeado y ejecutado el secuestro de su madre.
La demanda inicial, que se impuso el 28 de junio de 2018, buscaba una compensación de 12 millones de dólares. Sin embargo, el Distrito Medio de Pensilvania exigió que a Delloye se le paguen 36 millones más los honorarios de los abogados cuyo valor se determinará en los próximos días.
De acuerdo con la declaración de Delloye cuando interpuso la demanda, el plagio de su madre destruyó su su confianza en sí mismo, en la vida y en otras personas, lo cual dañó su habilidad de mostrar afecto y recibir amor. Además, el testimonio inicial dice que las FARC lo sometieron a tortura emocional y abandono emocional a través de la ausencia de su madre. Los otros familiares confirmaron esa afectación en la psiquis de Delloye.
Además, según él, ver el deterioro de su madre en las pruebas de supervivencia le causó “una inmensa angustia emocional, manifestada en noches sin dormir y fracasos académicos”. En su testimonio recordó con especial dolor el video recibido el primero de diciembre de 2007.
Tras la liberación de Íngrid Betancourt en la famosa Operación Jaque, en julio de 2008, Delloye siguió batallando con la angustia emocional y tuvo problemas para restablecer los lazos con su madre. Después de todo, el secuestro tuvo lugar en febrero de 2002 y duró seis años y medio.
Los condenados
La condena se emitió en contra de las FARC como organización. De acuerdo con la demanda, los acusados con nombre propio eran miembros de alto rango de ese grupo subversivo y estuvieron directamente involucrados con la decisión y ejecución del secuestro de Íngrid Betancourt.
Los acusados con nombre propio son Juan José Martinez Vega, Yarlei Bañol-Ramos, José Antonio Celis, Martín Cuero, Henry Castellanos Garzón, Juan Diego Giraldo, Josué Cuesta León, Luciano Marín, José Fernando Romero Mejía, Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, Helí Mejía Mendoza, Noe Suárez Rojas, Walter Tapiero y Nayibe Rojas Valderman.
De acuerdo con el juez, solo Martínez Vega se presentó a rendir indagatoria. Los otros acusados fueron juzgados en ausencia.
¿Por qué una corte estadounidense?
Puede causar curiosidad a los lectores el por qué una corte estadounidense tiene jurisdicción para condenar un hecho cometido en Colombia y contra una ciudadana del país como lo es Íngrid Betancourt. Incluso, algunas víctimas del mismo flagelo podrían considerar demandas similares a la impuesta por Lawrence Delloye Betancourt.
Sin embargo, hay una diferencia entre Delloye y la mayoría de familiares que sufrieron el secuestro de un ser querido a manos de la guerrilla desmovilizada: su madre dio a luz en el estado de California, así que él es un ciudadano estadounidense y sus derechos son amparados por las leyes de ese país.
Por otro lado, uno de los acusados en la demanda ya paga una condena en una cárcel estadounidense: Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, alias Iván Vargas, admitió haber coordinado operaciones complejas para exportar cocaína mientras seguía perteneciendo a las filas de las FARC.
Finalmente, uno de los argumentos en la demanda de Lawrence Delloye sugirió que el secuestro de Íngrid Betancourt tenía el propósito de influenciar la política colombiana y estadounidense, además de prevenir acciones militares en sus zonas ocupadas, fortalecer sus redes de narcotráfico, infligir terror en los ciudadanos estadounidenses y exigir la liberación de subversivos presos.
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