
Desde que se conoció que la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó cargos a 11 miembros del Ejército Nacional, de la Fuerza Pública y a un civil por el caso 03 conocido como ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’, las reacciones de los diferentes sectores no se han hecho esperar.
Las primeras en hablar fueron las mujeres de la asociación ‘Madres Falsos Positivos de Colombia’, quienes aseguraron que este es solo el inicio de los actos de justicia que merecen sus hijos. Desde su cuenta de Twitter compartieron la decisión y aplaudieron el hecho
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“Excelente, lo estamos logrando”, comentaron.

Sin embargo, y como era de esperarse, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore) rechazó la imputación que anunció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los militares y a través de un comunicado aseguraron que repudian el hecho de que haya uniformados involucrados en este asunto, sin embargo, aseguraron que no existió nunca un política institucional de conteo de cuerpos y que desde el Ejercito jamás se dio una orden para atentar contra la vida de estas personas.
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A este mensaje se unió el ex presidente, Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de Twitter compartió el comunicado de la institución dejando claro su apoyo a las Fuerzas Militares.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, celebró la decisión de la JEP y aseguró que este es un hecho histórico, pues, según él “es la primera vez en la historia que un tribunal imputa por falsos positivos a un oficial que era general al momento de los hechos”, compartió en su cuenta de Twitter.
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Por su parte, el senador Iván Cepeda compartió la noticia y fue enfático en decir que “No son “manzanas podridas”, son conductas delictivas institucionales”, escribió en su cuenta de Twitter.

Al mismo tiempo, la senadora Angélica Lozano compartió la noticia de la JEP y citó a las madres de falsos positivos dándoles un mensaje de apoyo, “abrazo a ustedes, abrazo su lucha por verdad y justicia”, escribió.
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Junto con estas declaraciones, también se conoció que la Embajada de Estados Unidos mostró su apoyo a la JEP y dio un mensaje de apoyo por esta decisión
Del mismo modo, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien asumió como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, resaltó la determinación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de imputar cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad a once militares y un civil por los ‘falsos positivos’.
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Para el prelado, lo realizado por el alto tribunal es un esfuerzo del Sistema de Justicia Transicional para ponerse al servicio de un esquema distinto y una interpretación nueva de la justicia, a favor de encontrar la verdad, en sus palabras con el fin “de llevar a que nosotros vayamos reconociendo lo que nos ha pasado en el país en las últimas décadas”.

Los implicados:
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La Sala hizo la imputación de crímenes de guerra a un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, a un cabo, y a un tercero civil en el subcaso de Norte de Santander y el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008 que dejó al menos 120 víctimas mortales. Las personas son:
Brigadier general Paulino Coronado Gámez, comandante de la Brigada 30
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Coronel Santiago Herrera Fajardo, antiguo comandante de la Brigada Móvil 15
Coronel Ruben Darío Castro, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15
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Teniente Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña
Teniente Coronel Gabriel de Jesús Rico Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN
Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del batallón de Infantería Francisco de Paula Santander
También contra antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
Capitán Daladier Rivera Jácome
Sargento segundo Rafael Urbano Muñoz
Sargento Segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, jefe de la sección de inteligencia del BISAN
Cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15
Al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. En este caso el civil fue imputado como coautor por desaparición forzada y asesinato.
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