Bolivia investiga por biocidio la muerte de un jaguar y pide detención preventiva contra el acusado

La Fiscalía de Bolivia investiga por el delito de biocidio la muerte de un jaguar, una especie amenazada y protegida por ley, y el porte ilícito de armas de fuego vinculado con la muerte del animal, ocurrida en la localidad de Guayaramerín, en la región amazónica de Beni fronteriza con Brasil.

Las autoridades emitieron una orden de aprehensión contra la persona identificada durante las investigaciones y anunciaron que pedirán su detención preventiva.

El hecho ocurrió el sábado 8 de agosto, alrededor del mediodía, cuando un jaguar entró a una vivienda ubicada en el barrio San Francisco de Guayaramerín. Según se puede ver en videos e imágenes difundidas en las redes sociales, hombres manipulan armas de fuego y disparan contra el animal.

Luego, una persona le pone una soga en el cuello, le disparan una vez más y el animal muere. Finalmente, según las imágenes, entre varias personas levantan al jaguar y dos se lo llevan en una moto.

El fiscal departamental de Beni, Alexander Mendoza, informó que más tarde el animal fue encontrado “decapitado, desollado y mutilado”.

Durante las primeras diligencias, las autoridades recuperaron la piel y las patas del jaguar, que se encontraban en poder de una mujer. El caso permanece en etapa preliminar y las autoridades buscan determinar la participación de las personas involucradas.

“El Ministerio Público solicitará la detención preventiva del imputado”, señaló Mendoza, al explicar que la decisión se sustenta en la gravedad del hecho y en los elementos colectados durante la investigación.

El jaguar (panthera onca) es una especie protegida por la legislación boliviana y considerada amenazada. Según información de la Fiscalía, el animal pasó de la categoría de vulnerable a “en peligro” en la versión más reciente del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia.

Esto supone que actualmente la especie se encuentra “fuertemente amenazada” por aspectos como “el tráfico ilegal de colmillos y partes hacia mercados asiáticos, el conflicto persistente con la actividad ganadera” y “la pérdida de hábitat vinculada a los fuegos en el este del país”, según esa publicación.

La investigación se produce en un contexto de protección reforzada para esta especie. En abril de 2025, el Tribunal Agroambiental de Bolivia determinó que las autoridades correspondientes adopten medidas para proteger al jaguar y su hábitat, después de denuncias relacionadas con la caza ilegal y tráfico internacional.

El caso de Guayaramerín ha provocado polémica entre quienes justifican el hecho como un mecanismo de defensa personal y los cuestionan que no se hubiera solicitado la intervención del personal especializado de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma).

“Ante la presencia de un jaguar, corresponde activar a las autoridades competentes y personal técnico especializado para evaluar la situación y realizar la contención, captura y rescate seguro”, señala una publicación de la organización Alas Chiquitanas.

La organización exige que el caso no quede impune y que se recuperen las partes del jaguar para sean puestas en custodia y evitar su comercialización ilegal. “La protección del jaguar no puede comenzar después de su muerte”, finaliza la publicación.