Presuntos pandilleros reciben condenas de más de 400 años por feminicidio en San Salvador

Las autoridades judiciales determinaron la responsabilidad de los acusados en una serie de crímenes cometidos entre 2010 y 2016, incluidos varios asesinatos, bajo la normativa que permite penas acumulativas en El Salvador

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Los ocho pandilleros del Barrio
Los ocho pandilleros del Barrio 18 recibieron condenas acumuladas de más de 400 años por delitos de feminicidio agravado y homicidio en El Salvador. (Fiscalía General de la República)

Al menos ocho presuntos pandilleros fueron condenados con penas que rondan los 100 a los 400 años de prisión tras comprobarse su participación en un triple feminicidio perpetrado en 2010 en Ilopango, municipio marcado por la violencia en la capital de El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los condenados, identificados como miembros del Barrio 18, enfrentan sentencias de hasta 408 años de cárcel por una serie de delitos, incluidos feminicidio agravado, homicidio y otros actos violentos.

Las investigaciones de la FGR, citadas en el caso, han revelado que los hechos se remontan a una escalada de violencia iniciada en 2010, cuando los condenados privaron de libertad a tres mujeres, las atacaron con arma blanca y finalmente mutilaron sus cuerpos. El caso ha sido procesado bajo la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), normativa vigente desde 2011 que establece penas de 20 a 35 años por feminicidio, y que permite sentencias de hasta 50 años por feminicidio agravado. El endurecimiento legal y la jurisprudencia sobre feminicidio agravado han determinado el marco punitivo aplicado a los ocho sentenciados, según la Fiscalía salvadoreña.

La FGR también confirmó la responsabilidad de los procesados en el asesinato de un activista, ocurrido en 2015. Las autoridades identificaron a los sentenciados como Alejandro Ernesto Rodríguez, Celestino Vásquez Benítez, Erick Saúl Villalobos, Mauricio Arnoldo Peña, Salomón Eleazar Romero, Miguel Gerónimo Maravilla, Alexander Pérez Fabián y Carlos Salvador Campos.

La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la República comprobó la participación de los condenados en el triple feminicidio ocurrido en Ilopango en 2010, donde las víctimas fueron privadas de libertad y mutiladas. Foto cortesía FGR

Las condenas superan los 400 años y responden a una acumulación de delitos graves

La sentencia divulgada por la Fiscalía General de la República confirmó que, además de feminicidio agravado y homicidio agravado, los sujetos incurrieron en proposición, conspiración y agrupaciones ilícitas. La acumulación de penas refleja tanto la gravedad de cada acto como la normativa que permite sentencias acumulativas en El Salvador. De acuerdo con la LEIV, los crímenes cometidos en agravio de mujeres reciben trato de máxima severidad en el sistema judicial salvadoreño.

Ocho asesinatos documentados al interior del penal de Izalco entre 2015 y 2016

Paralelamente, la FGR demostró la implicación de los condenados en una “purga” interna ocurrida dentro del Centro Penal de Izalco, en el deparamento de Sonsonate, durante 2015 y 2016. Ocho víctimas fueron asesinadas durante estos hechos, en los que los líderes del Barrio 18 ejecutaron acciones contra privados de libertad que, según detallaron las investigaciones previamente presentadas, se habían apropiado de dinero de la estructura criminal.

La Fiscalía demostró la implicación
La Fiscalía demostró la implicación de los acusados en una purga interna en el Centro Penal de Izalco, donde ocho víctimas fueron asesinadas entre 2015 y 2016. (Foto cortesía Fiscalía General de la República )

Entre los condenados, hay pandilleros con diferentes niveles jerárquicos dentro de la estructura.

En total, los procesos judiciales incluyeron el homicidio de más de 10 personas y la constatación de que la violencia carcelaria se vinculó a disputas internas de poder y recursos dentro de la estructura pandillera. Según registros oficiales, el hallazgo de los cuerpos en el penal ocurrió durante una revisión de rutina por parte de las autoridades penitenciarias.