
La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional desarticularon una presunta red de trata de personas que operaba en Ecuador mediante falsas ofertas de trabajo en el extranjero y que, según las investigaciones preliminares, trasladaba a las víctimas hasta Camboya, donde terminaban sometidas a condiciones de explotación laboral en centros clandestinos vinculados a estafas informáticas internacionales.
El operativo fue ejecutado el 4 de marzo de 2026 en las provincias de Pichincha y Carchi. Durante las intervenciones se realizaron allanamientos y se ejecutaron órdenes de detención contra seis personas: tres ciudadanos extranjeros y tres ecuatorianos. Entre los detenidos figuran personas identificadas como Yin J., Christian S. y Romel M., de acuerdo con información difundida por la Fiscalía. En los procedimientos se incautaron una furgoneta, documentos de identidad, pasaportes y dispositivos electrónicos que ahora forman parte de las evidencias dentro de la investigación.
Según informó la Fiscalía en redes sociales, la estructura criminal captaba a sus víctimas con promesas de empleo bien remunerado en el exterior. Sin embargo, una vez que las personas aceptaban las ofertas y eran trasladadas fuera del país, terminaban en Camboya en condiciones de explotación laboral. La investigación apunta a que la red trasladaba a ciudadanos desde Ecuador hacia ese país asiático con el objetivo de obligarlos a trabajar en centros de fraude digital.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas eran reclutadas mediante ofertas laborales aparentemente legítimas difundidas en internet o a través de intermediarios. En algunos casos se les ofrecían empleos en países europeos, como Finlandia, pero el destino final terminaba siendo Camboya. Una vez en ese país, los trabajadores quedaban bajo control de las organizaciones que operaban los complejos donde funcionaban los denominados “call centers” clandestinos.
Las investigaciones señalan que en esos lugares las personas eran obligadas a participar en estafas informáticas dirigidas a víctimas en distintos países. Para esto, debían ejecutar fraudes relacionados con inversiones falsas, esquemas financieros fraudulentos o engaños digitales. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la estructura criminal operaba con contratos simulados, registros de pagos, listados de víctimas y transferencias financieras que formaban parte de la logística de reclutamiento y traslado, según recogió Primicias.
Las víctimas permanecían en esos centros bajo vigilancia permanente y restricciones de movilidad. Además, se les retenían los documentos personales y eran sometidas a amenazas y presiones para cumplir metas relacionadas con las estafas digitales. La investigación también determinó que quienes no cumplían las cuotas exigidas podían enfrentar castigos, degradación laboral o ser trasladados a otros complejos similares.

Durante el operativo realizado en Ecuador, tres víctimas fueron rescatadas por las autoridades y otras nueve personas fueron identificadas como posibles víctimas que permanecerían todavía en Camboya. Las autoridades ecuatorianas no han precisado si se activaron mecanismos diplomáticos para su localización o eventual repatriación.
El caso se inscribe en un fenómeno que ha sido documentado en los últimos años en el sudeste asiático, donde organizaciones criminales han instalado complejos dedicados a estafas en línea que funcionan mediante trabajo forzado.
Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas señala que Camboya es uno de los países donde operan complejos de fraude digital vinculados al crimen organizado, en los que miles de trabajadores extranjeros son explotados mediante coerción, retención de documentos y amenazas. El documento indica que en estas instalaciones las víctimas son obligadas a participar en estafas en línea como inversiones falsas en criptomonedas o fraudes románticos dirigidos a usuarios de internet en diferentes países.
Las investigaciones internacionales también han identificado que estas estructuras suelen estar vinculadas a redes criminales transnacionales, en muchos casos con presencia de intermediarios en distintos países que facilitan el reclutamiento de trabajadores. Los traslados se realizan generalmente mediante vuelos comerciales, rutas terrestres o intermediarios que gestionan la documentación de viaje.
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