Familiares de presos políticos en Venezuela se congregaron este jueves frente al Parlamento, en Caracas para reclamar el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía aprobada hace 15 días.
En la manifestación, los asistentes corearon consignas exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos, una cifra que, según la organización Foro Penal, asciende a 568 personas.
El gobierno de transición venezolano sostiene que no existen detenidos por razones políticas, lo que incrementa la controversia sobre la aplicación de la norma.
La Ley de Amnistía, sancionada por unanimidad en la Asamblea Nacional bajo control del chavismo, fue presentada como un instrumento para beneficiar a personas procesadas o condenadas por causas políticas desde 1999 hasta 2026.
No obstante, la ley restringe su alcance a 13 episodios específicos ocurridos en distintos años y excluye el resto del período, así como los casos vinculados a operaciones militares. Esta limitación ha sido uno de los principales puntos de crítica de la oposición y de organizaciones no gubernamentales, que consideran la normativa excluyente y poco transparente.
Por su parte, el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial para la aplicación de la ley, informó en la Asamblea Nacional que la justicia venezolana ha concedido 6.071 libertades plenas de un total de 9.419 solicitudes recibidas.
Arreaza calificó este número como un avance en derechos y reconciliación. Sin embargo, las cifras estatales han sido cuestionadas por organizaciones como Foro Penal, que señalan una diferencia metodológica clave: el conteo oficial incluye no solo excarcelaciones, sino también a personas con medidas cautelares que nunca estuvieron privadas de libertad, como restricciones de salida del país o presentaciones periódicas ante tribunales.
Bajo este contexto, la situación de los detenidos sigue preocupando a los familiares y a los organismos humanitarios. Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, denunció ante los medios la falta de celeridad en la revisión de los casos de amnistía y la ausencia de una voluntad política real para mejorar el trato a los presos.
Baduel afirmó que persisten centros de detención como Rodeo I y Guaicaipuro, donde los reclusos serían objeto de amenazas y torturas. Las denuncias de malos tratos han sido reiteradas por familiares y organizaciones, que reclaman la publicación de una lista oficial de beneficiados por la ley, una exigencia que hasta la fecha no ha sido atendida.
En paralelo, se reportan obstáculos sistemáticos para aplicar la norma. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa documentó que los tribunales con competencia en materia de terrorismo han rechazado solicitudes de sobreseimiento presentadas por periodistas bajo el artículo 11 de la ley.
El gremio calificó esta negativa como una “denegación de justicia”, mientras que Foro Penal y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han registrado numerosos casos de tribunales que se niegan a recibir solicitudes o dilatan la revisión de expedientes, dificultando el avance de los procesos.
(Con información de EFE)
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