El Gobierno de Bolivia denunció un sabotaje en la distribución de gasolina y militariza las plantas de YPFB

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este lunes un sabotaje deliberado en la distribución de gasolina, atribuyendo la contaminación del combustible a un plan interno que busca desestabilizar al Gobierno. En un mensaje grabado junto a altos funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, Paz aseguró que la alteración del carburante no respondió a un error técnico ni a impericia, sino a una acción organizada de sectores que, según sus palabras, “no dudan en dañar al país con tal de proteger sus negocios y su impunidad”.

Como respuesta inmediata, el mandatario anunció el resguardo militar de todas las plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Desde la madrugada del lunes, al menos 1.500 militares, armados con fusiles y equipos antidisturbios, tomaron control de la planta de Palmasola, en las afueras de Santa Cruz, y de otras quince instalaciones en todo el país. El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, indicó que la vigilancia se mantendrá “el tiempo que sea necesario”.

El Gobierno explicó que esta medida busca garantizar la cadena de producción y distribución de gasolina, frenando cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo. Además, Paz defendió a los trabajadores de YPFB, afirmando que la intervención militar protege tanto a la empresa pública como a quienes “actúan en defensa de la patria” frente a lo que calificó como “la mafia y la corrupción”.

La crisis se produce tras varias semanas de protestas de sindicatos de transportistas, que denunciaron daños en los motores de sus vehículos y el ennegrecimiento de piezas tras abastecerse de gasolina contaminada. Inspecciones de la petrolera estatal detectaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que alteró la composición del combustible. Los sindicatos responsabilizaron al Gobierno, que admitió la situación y la atribuyó a herencias de la gestión anterior, aunque matizó que no se trata de un problema generalizado en todo el país.

YPFB importa diésel y gasolina principalmente de Argentina, Chile y Paraguay, realizando el procesamiento y la distribución interna hacia gasolineras privadas. La administración de Paz, que asumió el poder en noviembre tras dos décadas de gobiernos socialistas, sospecha que la manipulación del carburante se produjo dentro de las plantas gestionadas por funcionarios de la administración pasada.

Entre las medidas anunciadas, el presidente boliviano destacó la incorporación nacional de aditivos estabilizantes y antioxidantes a partir del martes, con el objetivo de evitar la degradación del combustible y mejorar el rendimiento de los motores. Según Paz, se trata de una mejora técnica que no implicará un aumento en los precios de los combustibles.

Para los usuarios afectados, el Ejecutivo fortaleció el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (Srec), facilitando el acceso a compensaciones rápidas y justas mediante el cruce de datos con otros sistemas de identificación y registro de vehículos. Adicionalmente, el Ministerio de Hidrocarburos activó un seguro solidario gestionado por YPFB para reparar al cien por ciento los daños ocasionados por la gasolina en mal estado.

La situación se produce en un contexto de cambios en la política energética boliviana, tras la eliminación en diciembre de la subvención a los combustibles que estuvo vigente más de veinte años. Desde esa fecha, el precio del litro de gasolina especial pasó de 0,53 dólares a un dólar, mientras que la premium subió de uno a 1,58 dólares.

(Con información de EFE y AFP)