El Presidente Gabriel Boric anunció este martes que ingresará una reforma constitucional a fin de traspasar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad, luego que este martes 44 gendarmes fueran detenidos en la “Operación Apocalipsis”, que desbarató una red de corrupción de uniformados que se extendía por nueve cárceles en todo el país.
La idea, explicó en un punto de prensa desde La Moneda, es separar el combate contra la delincuencia de la rehabilitación.
“He tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social. Con esta reforma, Gendarmería pasará a ser una institución de seguridad pública, dependiente, por tanto, del Ministerio de Seguridad“, partió su alocución.
"Espero que esta reforma cuente con apoyo transversal de todo el espectro político, porque el combate al crimen organizado, al cual no le vamos a dar tregua, es un deber de Chile y en esto no tienen que haber diferencias políticas. Ocuparse tanto de las cárceles como de la reinserción es clave para la agenda de seguridad pública“, agregó el mandatario.
La “Operación Apocalipsis”
El megaoperativo policial que contó con 500 detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) y 190 gendarmes, se llevó a cabo la madrugada del martes de manera simultánea en las regiones Metropolitana, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Ñuble, Los Ríos y O’Higgins, e implicó allanamientos en nueve cárceles y decenas de domicilios particulares.
La investigación reveló un entramado de corrupción en la que los gendarmes imputados tenía un verdadero menú de precios para cobrar favores a los presos como cambiarlos de módulos, pasar teléfonos celulares bajo cuerda y hacer la vista gorda en el ingreso de personas -llamadas “manillas”- con drogas, alcohol o especies diversas.
“Lo que sabemos hasta ahora es que se indaga a 44 funcionarios de Gendarmería (...) quienes serían parte de una red de corrupción y venta de favores cuyos negocios ilícitos suman más de $6 mil millones de pesos" (unos USD 6,5 millones), complementó Boric.
“La participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable y repulsiva y no la vamos a permitir. (...) A quienes participan de estos actos delictuales, a quienes hoy día estén escondidos, a quienes hoy día crean que han pasado desapercibidos, sepan que los vamos a encontrar”, remató el Jefe de Estado.
En tanto, los ministros de Justicia y de Seguridad Pública, Jaime Gajardo y Luis Cordero, respectivamente, salieron en defensa del Director Nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, quien en un punto de prensa por la mañana reconoció que “yo no sería tan osado de decir que tenemos el control absoluto de las cárceles”.
“El director nacional de Gendarmería cuenta con nuestro respaldo. Desde que fue confirmado en el cargo por el Presidente de la República, ha realizado una labor que nosotros consideramos muy profesional, muy robusta“, aseguró Gajardo.
En la misma línea, Cordero sostuvo que “el director Pérez (...) conoce en detalle el funcionamiento y el desarrollo de esta institución (...) Tener el control de las cárceles es tener también la capacidad no solo de ingresar a cualquier módulo dentro del establecimiento, sino de investigar y hacer responsabilidades efectivas desde el punto de vista administrativo y penal a quienes se encuentran a cargo de su custodia".
“No hay crimen organizado que avance sin corrupción y por eso combatir directamente la corrupción, sin ningún tipo de ambigüedad, mostrando la capacidad de actuar conjuntamente como se demostró esta madrugada, creo que es la mejor manera de demostrarle al país que el Estado está a cargo“, cerró la autoridad.
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