La ley que contemplaba premios económicos para policías por matar en operativos en el estado de Río de Janeiro fue vetada por Cláudio Castro, gobernador de la región brasileña.
El mandatario sancionó este 23 de octubre los artículos principales de la norma orientada a la reestructuración de la Policía Civil de Río, pero bloqueó la polémica enmienda que planteaba bonificaciones de hasta un 150% del salario para agentes que “neutralizaran criminales”. Finalmente, la medida no entrará en vigor.
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La llamada “bonificación Lejano Oeste” había sido aprobada legislativamente en septiembre y provocó reacciones inmediatas de organizaciones de derechos humanos. El gobierno federal, por medio de la Procuraduría General de la Nación, calificó la iniciativa de ilegal y contraria a principios constitucionales.
Además, señaló que favorecería los enfrentamientos letales y violaría directrices del Supremo Tribunal Federal (STF) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El artículo vetado integraba un paquete más amplio, impulsado por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj), enfocado en reorganizar la fuerza policial regional.
Castro justificó el veto, días antes de su publicación en el Diario Oficial del estado, por razones financieras y legales. Señaló la falta de recursos presupuestarios para afrontar semejante gasto y citó recomendaciones del Ministerio Público Federal (MPF), además del riesgo de promover la letalidad policial con este tipo de incentivos.
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A su vez, la prensa local, como O Globo, informó que Castro reafirmó su postura durante un evento del programa Navega RJ, asociando la decisión al reciente fallo del Supremo Tribunal Federal que invalidó una bonificación similar para la Policía Penal.
Entre 1995 y 1998 existió en Río un esquema parecido: las autoridades estatales otorgaron aumentos salariales de entre 10% y 120% para militares, civiles y bomberos por supuestos actos de “bravura”, denominación que incluía intervenciones armadas y desenlaces letales. Posteriormente, la legislatura eliminó ese beneficio por el efecto negativo sobre la violencia institucional.
La sociedad civil, por medio de organizaciones como Human Rights Watch, subrayó la magnitud del problema: en 2022 se registraron 703 muertes durante operativos policiales en Río de Janeiro y, hasta agosto de 2023, se habían reportado 470 víctimas. Un estudio citado por EFE reveló que entre 1996 y 1998 el 65% de las muertes en estos operativos correspondía a personas baleadas por la espalda mientras intentaban huir.
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La ley, ahora parcialmente bloqueada, fue impulsada por parlamentarios de la coalición de gobierno y, según CNN Brasil, el diputado Rodrigo Bacellar (União Brasil) expresó su confianza en que la Alerj podría revertir el veto, dado el respaldo obtenido en la primera votación.
El proceso legal sigue abierto: la Asamblea Legislativa podrá revisar y, si consigue mayoría calificada, revertir el veto y restaurar los artículos objetados. La expectativa se mantiene elevada por la fuerte polarización que atraviesa el Parlamento regional.
El Supremo Tribunal Federal había solicitado explicaciones al gobierno, y el Ministerio Público Federal recomendó el veto, según reportó CNN Brasil. El tema cobró especial notoriedad en el debate político local por las reiteradas denuncias de letalidad policial y el temor a sanciones internacionales.
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Castro advirtió que, si estas gratificaciones fueran declaradas inconstitucionales, podría exigirse la devolución de los fondos ya percibidos por policías, generando daños económicos al funcionariado, situación que se buscó evitar mediante el veto.
(Con información de EFE)
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