La Fiscalía de Guatemala acusó este martes al gobierno del presidente Bernardo Arévalo de “corrupción” tras la firma de un contrato por 943,9 millones de dólares para la compra de insumos médicos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). El acuerdo, concretado en abril de 2024 por el Ministerio de Salud, fue señalado por el fiscal Rafael Curruchiche como perjudicial para los intereses nacionales y, según él, “debió de haber sido aprobado” por el Congreso.
Tanto Curruchiche como la fiscal general, Consuelo Porras, figuran desde hace años en listas de personas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Estas sanciones incluyen la cancelación de visados, restricciones financieras y declaraciones públicas donde se les señala por “actos significativos de corrupción” y “socavar la democracia”. Las autoridades internacionales alegan que sus acciones afectan gravemente la independencia judicial guatemalteca y obstaculizan la lucha contra la impunidad.
En conferencia de prensa, Curruchiche puntualizó que el contrato para la adquisición de medicamentos y equipos médicos fue firmado por el exministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de la UNOPS. Un juez emitió una orden de detención contra Cordón, mientras la fiscalía solicitó retirar la inmunidad al actual responsable de Salud, Joaquín Barnoya. Ambos son acusados de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado. El fiscal agregó que la orden para concretar el contrato habría provenido del presidente Arévalo y de su hermano Martín Arévalo, funcionario de la UNOPS en Roma.
El presidente Arévalo desestimó las acusaciones en rueda de prensa, donde calificó el caso presentado por Curruchiche como ficticio y aseguró que “inventan casos como el que se está inventando ahora, es una ficción, son fantasías animadas de ayer y hoy”. Dos semanas antes, Arévalo había defendido que su hermano no tiene ninguna participación en las gestiones cometidas en Guatemala, enfatizando que su rol es de representante de la UNOPS ante la FAO.
Hasta el momento, la oficina local de la UNOPS no se ha pronunciado ante las acusaciones. Curruchiche señaló también que este no es el único proceso abierto contra la administración actual y afirmó que existen veinticuatro investigaciones en curso. En agosto del año pasado, solicitó retirar la inmunidad de Arévalo, acusándole de autorizar pagos ilegales a constructoras; dicha petición aún permanece sin resolución judicial. Asimismo, la fiscalía pidió en 2023 investigar al presidente por presunto lavado de dinero en la conformación del partido Movimiento Semilla.
La pugna entre Arévalo y Porras se mantiene desde el inicio de la gestión presidencial en enero de 2024. El mandatario la ha acusado de intentar perpetrar un “golpe de Estado” mediante la apertura de investigaciones orientadas a impedir su toma de posesión. Sin embargo, debido al marco legal vigente, el presidente no cuenta con las herramientas para destituir a la fiscal general, cuyo mandato expira en mayo de 2026, pese a las sanciones internacionales que pesan en su contra por conductas “corruptas” y “antidemocráticas”.
La independencia institucional del Ministerio Público (MP), consagrada en la legislación guatemalteca, impide la remoción anticipada de la fiscal general, lo que ha generado un bloqueo político en la toma de decisiones del Ejecutivo y el control de la gestión estatal.
Diferentes organismos y gobiernos internacionales, entre ellos la OEA, la ONU y Estados Unidos, han alertado públicamente sobre el uso político del aparato judicial en Guatemala. Estas entidades han informado que algunas investigaciones pueden obedecer a fines partidarios más que a criterios estrictamente legales. La preocupación se ha acentuado desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, intensificándose las advertencias sobre el deterioro de la independencia judicial y la continuidad de funcionarios incluidos en sanciones internacionales.
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