Haití reabrió la investigación por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y pidió ayuda de Estados Unidos y Canadá

Funcionarios de justicia en Haití han solicitado apoyo a Estados Unidos y Canadá tras la decisión del Tribunal de Apelaciones de ordenar una nueva investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021 en su residencia privada.

Esta decisión, reportada el lunes, anula la acusación presentada el año pasado contra 51 personas, entre ellas la viuda del mandatario, Martine Moïse, el ex director de la Policía Nacional Léon Charles y el ex primer ministro Claude Joseph. El tribunal, según informó el periódico Le Nouvelliste, declaró que la nueva investigación comenzará desde cero y pidió ayuda a ambos países norteamericanos para entrevistar a personas clave como Charles, Martine Moïse y su hijo, así como al ex primer ministro Ariel Henry.

A pesar de la apertura de una nueva etapa judicial, el tribunal ordenó que los 17 exmilitares colombianos arrestados en relación con el caso y varios sospechosos haitianos permanezcan detenidos, según explicó la abogada defensora Nathalie Delisca a la agencia Associated Press.

Delisca indicó que no apelaría la decisión del Tribunal de Apelaciones ante la Corte Suprema de Haití, dado que no espera cambios en el resultado. La letrada denunció deficiencias en el proceso anterior, señalando que los intérpretes durante la investigación judicial “no tradujeron correctamente las declaraciones de sus clientes” y que incluso se registraron casos donde los jueces detallaron que existieron malas interpretaciones.

Según Delisca, la ausencia de pruebas y documentos indispensables para algunos de los implicados fue determinante en la decisión de abrir una nueva pesquisa. Además, remarcó que la petición para la libertad provisional de los ex militares colombianos fue rechazada.

Mientras la causa por el magnicidio avanza lentamente en Haití, las autoridades estadounidenses han señalado que ya imputaron cargos contra 11 personas extraditadas, de las cuales cinco se han declarado culpables. Otros acusados están pendientes de juicio, previsto para marzo de 2026. En este contexto judicial, la situación institucional haitiana se encuentra deteriorada, con un sistema de justicia debilitado por la corrupción y el incremento de la violencia de bandas armadas.

En paralelo, Haití enfrenta una agudización de la crisis humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió en un comunicado emitido el lunes que 5,7 millones de haitianos —el 51% de la población— sufren actualmente niveles agudos de hambre, una cifra récord según los datos más recientes del análisis de la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), citados por el PMA. El aumento equivale a un 3% más respecto al año anterior y afecta principalmente a mujeres, niños y familias desplazadas por la violencia. Según la CIF, los índices de desnutrición han crecido entre los menores de cinco años, particularmente en los departamentos del Noroeste y del Oeste, donde localidades como Puerto Príncipe alcanzan niveles críticos de malnutrición (fase 4 o superiores).

La intensificación del conflicto armado, el deterioro de la economía, la inflación persistente y la baja producción agrícola han profundizado la crisis. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que 4.239 personas fueron asesinadas solo en los primeros ocho meses de este año. El PMA advierte que, de mantenerse la tendencia, más de 5,9 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda o peor en marzo de 2026. Junto a esto, 1,3 millones de haitianos desplazados, muchos refugiados en escuelas y edificios públicos, se encuentran entre los más expuestos a la emergencia alimentaria, con condiciones de hacinamiento e insalubridad que agravan el riesgo de desnutrición infantil.

La violencia de las bandas tiene además efectos devastadores sobre la infancia. Durante una conferencia de prensa, Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, advirtió de un aumento en el reclutamiento de menores por parte de estos grupos, con niños de tan solo 10 años formando parte de las bandas e incluso representando hasta la mitad de sus miembros. Según Benes, las niñas están particularmente expuestas al riesgo de violencia sexual. UNICEF ha verificado cientos de casos de menores obligados a portar armas o cumplir funciones de vigilancia.

La inestabilidad ha provocado que uno de cada cuatro niños no asista a la escuela, ya sea porque estos espacios han sido ocupados, dañados o porque las familias han debido desplazarse. Benes señaló que existen actualmente 680.000 desplazados, casi el doble que hace un año. Para frenar la escalada, el Consejo de Seguridad de la ONU encargó en 2023 una misión liderada por Kenia para apoyar a la policía haitiana, pero la operación se ha visto afectada por la carencia de suministros y personal, lo que ha limitado el avance frente a las bandas. En el último mes, se aprobó una reestructuración de la misión bajo el nombre de Fuerza de Supresión de Pandillas, aunque requiere de financiación voluntaria aún pendiente.

(Con información de AP, EFE y Reuters)