El senador y dirigente cocalero de Bolivia, Leonardo Loza, sugirió eliminar la orden de aprehensión que pesa contra el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) y que éste sea sometido a la justicia indígena. “Nosotros tenemos origen, sangre indígena. No sería malo ser juzgados por esa vía si tenemos algún delito”, manifestó en entrevista con la radio Fides.
Morales tiene una orden de captura vigente desde enero y una imputación por los delitos de trata de personas con agravante, por presuntamente haber embarazado a una menor de edad durante su Presidencia.
Según el cuaderno de investigaciones, Morales habría tenido una hija con una adolescente en el año 2016, a la que registraron dos años más tarde y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.
El caso inició a raíz de una investigación de oficio de la Fiscalía Departamental de Tarija. Aunque Morales no ha negado la relación con la menor ni la supuesta existencia de una hija, denunció motivaciones políticas de parte del gobierno y en su defensa dijo que “si no hay víctima, no hay delito”. En tanto la joven, que actualmente se encuentra refugiada en Argentina con su hija, acusó en un memorial al Gobierno de acoso y persecución.
“Es injusta esa orden de aprehensión, ¿quién ha denunciado? Un policía se ha inventado un informe, debería anularse” afirmó el senador Loza, leal a Morales.
Según su planteamiento, el ex presidente no debería ser juzgado por la vía ordinaria sino mediante un sistema de administración de justicia propio de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, reconocido por la Constitución Política del Estado 2009. A través de este sistema alternativo, las comunidades resuelven sus conflictos y aplican justicia basándose en sus costumbres, normas y procedimientos tradicionales, dentro de un determinado territorio.
Sin embargo, Morales legalmente no puede someterse a este sistema judicial debido a dos motivos: solo aplica cuando el delito se comete en un comunidad indígena y su ámbito no incluye el delito de trata y tráfico de personas.
“No es que uno elige con qué justicia ser juzgado”, explicó la abogada constitucionalista Maria René Soruco y afirmó que Morales no podría someterse a otra justicia que no sea la ordinaria por el tipo de delito del que lo acusan.
El ex mandatario está recluido desde hace un año en Lauca Ñ, su bastión político y sindical en el centro del país, donde cientos de cocaleros lo custodian día y noche para evitar su captura. “Las organizaciones sociales estamos firmes para defender su vida, aunque sea en fiestas, frío, lluvia, los compañeros vamos a seguir resguardando”, manifestó anteriormente el secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Isidro Auca, en entrevista con Kawsachun Coca.
El Gobierno atribuyó el retraso en la aplicación de la orden de captura a evitar conflictos con su guardia sindical y poner en riesgo la vida de civiles.
Desde su refugio en la zona tropical de Cochabamba, el ex mandatario se mantiene activo en el debate político a través de un programa de radio en la emisora cocalera y visitas esporádicas a comunidades aledañas en las que participa en mítines con sus seguidores mientras evade la justicia.
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