El podcast de Ricardo Lorenzetti: corrupción y democracia

“La corrupción generalizada deteriora la democracia, hace perder legitimidad a la clase política y finalmente conduce a este desprestigio que realmente lleva al autoritarismo”, dice Ricardo Lorenzetti al inicio del episodio. Corrupción y democracia, el capítulo 40 de su podcast, disponible en Infobae y Spotify, el juez de la Corte Suprema analiza cómo el desgaste acumulativo de la corrupción termina afectando la legitimidad democrática y alimentando respuestas autoritarias.

A lo largo del episodio hay una preocupación persistente sobre la relación entre corrupción y percepción social. Lorenzetti sostiene que las sociedades no reaccionan siempre de la misma manera frente a estos fenómenos y que esa variación tiene consecuencias directas sobre la gobernabilidad. “Hay tiempos en los cuales importa mucho y hay tiempos en los cuales importa poco”, señala, y explica que cuando la corrupción deja de generar rechazo o se vuelve tolerable, aumentan los incentivos para naturalizar prácticas ilegales dentro de las estructuras de poder.

En ese punto menciona una frase que se repite desde hace décadas en distintos países: “Roban, pero hacen”. Para Lorenzetti, esa lógica termina desconectando la corrupción de sus efectos cotidianos y reduce el problema a una discusión abstracta o sectorial. “A veces se siente que es un problema ajeno, un problema de un sector, algo muy alejado de la realidad diaria de las personas”, explica, aunque insiste en que el impacto alcanza directamente la vida económica, la confianza social y la calidad institucional.

El episodio también aborda el límite de las respuestas centradas únicamente en la sanción penal. “La sanción es importante, pero atiende a las consecuencias y no a la causa”, dice Lorenzetti. Plantea, a su vez, que el gran desafío contemporáneo pasa por desarrollar mecanismos de prevención capaces de reducir espacios de discrecionalidad y concentración de poder antes de que aparezca el delito.

Ese desplazamiento lleva la discusión hacia el diseño institucional y hacia el rol de la tecnología. Lorenzetti recupera las políticas de “gobierno abierto” y “datos abiertos” impulsadas por Naciones Unidas para aumentar el acceso ciudadano a la información pública, especialmente en áreas sensibles como contrataciones, gasto estatal o estructura de propiedad de empresas. “Lo ilegal requiere ocultamiento. Cuanta más luz hay, menos corrupción va a haber”, dice.

La inteligencia artificial ocupa un lugar importante dentro de ese enfoque preventivo. Dice que “la inteligencia artificial puede identificar muy fácilmente una gran cantidad de irregularidades y sobre todo hacer monitoreo en tiempo real”. Vincula esa capacidad con nuevas formas de control sobre contrataciones, movimientos financieros y cumplimiento de normas.

La digitalización de trámites aparece asociada a esa misma transformación. El episodio plantea que reducir burocracia y automatizar procesos disminuye el contacto discrecional entre funcionarios y ciudadanos, limitando oportunidades para prácticas ilegales. “En la medida en que se digitalizan todos los trámites, se reduce la burocracia y también el contacto físico discrecional entre ciudadanos y funcionarios”, sostiene Lorenzetti, al señalar que gran parte de las reformas institucionales actuales se apoyan en esa lógica.

A lo largo del capítulo también cuestiona mecanismos que, según plantea, quedaron desactualizados frente a los cambios tecnológicos. Habla de “declaracionismo” para referirse a medidas que producen impacto discursivo pero poca eficacia real. “Hay medidas que declaran perseguir un objetivo, pero que no lo logran porque son ineficaces”, dice, y menciona como ejemplo ciertos sistemas tradicionales de control que hoy resultan menos eficientes que los monitoreos digitales en tiempo real.

Otro de los ejes del episodio aparece en la concentración de poder. Lorenzetti sostiene que las estructuras excesivamente centralizadas generan más discrecionalidad y mayores posibilidades de corrupción. “Todo el poder para nadie”, resume hacia el final, donde plantea la necesidad de avanzar hacia modelos de descentralización administrativa y burocrática que distribuyan funciones y fortalezcan el control social.

La discusión también se conecta con el rol de la prensa, el acceso a la información y la participación ciudadana. Lorenzetti insiste en que la prevención no depende únicamente del sistema judicial, sino también de la posibilidad de que existan mecanismos permanentes de supervisión pública sobre las decisiones estatales. En ese sentido, vincula la transparencia con principios republicanos históricos como la libertad de expresión y el control ciudadano sobre el poder.

En el cierre, el episodio vuelve sobre la relación entre corrupción, democracia y desarrollo económico. “Si la sensación de la población es que hay muchos niveles de corrupción, entonces se deteriora la democracia y se afecta el desarrollo económico”, advierte Lorenzetti. La corrupción deja entonces de aparecer únicamente como una suma de delitos individuales y pasa a plantearse como un problema estructural, ligado a la confianza social, la legitimidad política y la capacidad de las instituciones para sostener estabilidad en el siglo XXI.