Rodrigo de Melo Teixeira, quien llegó a ocupar la tercera jerarquía de la Policía Federal durante la anterior gestión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, fue detenido este miércoles en el marco de una amplia operación anticorrupción.
La investigación, liderada por la propia Policía Federal (PF), apunta a un esquema de beneficios ilegales que involucra a organismos ambientales y a funcionarios de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (Iphan), además de dependencias del gobierno de Minas Gerais.
Teixeira, ex director de Policía Administrativa, había sido designado a comienzos del mandato del actual director general de la PF, Andrei Rodrigues. Dejó ese cargo a fines del año pasado y actualmente se desempeña como director de administración y finanzas del Servicio Geológico de Brasil (SGB/CPRM).
Según informaron fuentes judiciales, fue uno de los 22 detenidos con prisión preventiva ordenada en la operación, que investiga un esquema que habría generado ganancias ilegales por alrededor de 1.500 millones de reales (283 millones de dólares).
De acuerdo con el expediente, el ex jefe policial habría actuado como administrador oculto de una empresa minera, manteniendo vínculos comerciales con empresarios bajo investigación. La fiscalía sostiene que, mientras dirigía la Policía Federal, utilizó su cargo para favorecer intereses privados, incluso intentando interferir en pesquisas de la propia corporación que involucraban a empresarios allegados.
Uno de los puntos clave de la pesquisa es la relación de Teixeira con el empresario João Alberto Lages. A partir de ese vínculo, los investigadores detectaron una compañía minera que habría recibido derechos de explotación “cedidos de manera gratuita”, pero que en realidad, según la acusación, buscaba asegurarse la influencia del funcionario dentro de la estructura estatal.
“Se trata de una oferta de ventaja indebida a un agente público”, señala un fragmento del pedido de prisión.
La Policía Federal también documentó que, cuando Teixeira estaba al mando en Brasilia, organizó una reunión entre Lages y un director de la Agencia Nacional de Minería para conversar sobre una investigación en curso. Las autoridades sospechan que incluso habría maniobrado para apartar al delegado responsable de ese expediente.
Según las autoridades brasileñas, el grupo operó en áreas protegidas y en zonas próximas a puntos de preservación, “con graves consecuencias ambientales y un elevado riesgo de desastres sociales y humanos”.
Además, la Policía Federal indicó que la organización criminal actuó para “neutralizar la acción del Estado”, al dificultar las investigaciones y vigilar a las autoridades.
También “utilizó diversos métodos para lavar el dinero obtenido mediante prácticas ilícitas”, de acuerdo con la Policía Federal, que no ofreció detalles sobre la identidad de los sospechosos.
Los investigados se enfrentan a posibles cargos de delitos ambientales, usurpación de bienes públicos, corrupción activa y pasiva, organización criminal, blanqueo de capitales y obstrucción de la Justicia.
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