Ecuador, Colombia y Perú han decidido reforzar sus alianzas ambientales para enfrentar de manera conjunta los retos que amenazan a la Amazonía. Delegaciones de los tres países se reunieron en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en territorio ecuatoriano, en el marco de la Trigésima Primera Reunión del Comité Técnico del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible.
El objetivo central del encuentro fue definir una hoja de ruta para preservar cuatro millones de hectáreas de bosque que conforman el denominado Corredor Trinacional Amazónico, un mosaico de cinco áreas protegidas estratégicas interconectadas.
Este corredor reúne al Parque Nacional La Playa, en Colombia; la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, en Ecuador; y en Perú al Parque Nacional Güeppí-Sekime, junto con las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki.
La articulación busca blindar estas zonas de amenazas crecientes como la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico, la expansión de la frontera agrícola y la caza indiscriminada, factores que han presionado históricamente a la Amazonía y que en los últimos años se han intensificado debido a la crisis climática y la falta de gobernanza efectiva en áreas fronterizas .
El compromiso de los tres países no es nuevo. Desde 1995 se han firmado acuerdos de cooperación trinacional en materia de conservación amazónica, impulsados inicialmente por el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA). Sin embargo, el contexto actual obliga a revitalizar estas iniciativas.
Datos recientes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) señalan que, solo en 2023, la región perdió más de 500.000 hectáreas de bosque. En este escenario, la coordinación entre Ecuador, Colombia y Perú adquiere una importancia estratégica para garantizar la conectividad ecológica, mantener los servicios ecosistémicos y proteger a las comunidades indígenas que habitan estos territorios.
Durante la reunión, se acordó implementar mecanismos conjuntos de monitoreo, que incluyen el uso de imágenes satelitales, patrullajes comunitarios y cooperación en inteligencia para frenar delitos ambientales. Estos instrumentos buscan cerrar el paso a redes ilegales que operan en las fronteras, aprovechando vacíos jurisdiccionales para el tráfico de madera, fauna y minerales. Al mismo tiempo, se discutieron estrategias para fortalecer la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, que no solo son los principales guardianes de la selva, sino también actores clave para el éxito de cualquier iniciativa de conservación .
El esfuerzo trinacional está respaldado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), organización que aporta apoyo técnico y financiero. Este acompañamiento internacional resulta esencial para sostener programas de largo plazo, desde proyectos de restauración ecológica hasta planes de desarrollo alternativo que reduzcan la dependencia de actividades extractivas. La cooperación de entidades externas ha permitido, en ocasiones anteriores, asegurar fondos para investigación científica, fortalecer capacidades locales y promover el ecoturismo como fuente de ingresos sostenible.
En Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha subrayado que estas acciones se enmarcan en una visión de gestión integrada y sostenible de los recursos naturales. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, se trata de un modelo que busca equilibrar la conservación con el bienestar de las comunidades. La Amazonía ecuatoriana, que representa alrededor del 40% del territorio nacional, alberga no solo biodiversidad única, sino también culturas ancestrales que dependen directamente de la selva para su supervivencia.
El contexto internacional también aporta presión. La Amazonía es considerada un pilar en la lucha global contra el cambio climático, pues actúa como un regulador del ciclo del agua y un sumidero de carbono de alcance planetario. Sin embargo, científicos han advertido que la región se acerca a un punto de no retorno: si la deforestación supera el 20% de su superficie, la selva podría transformarse en una sabana degradada, con consecuencias irreversibles para el clima mundial. Ante ese riesgo, los países amazónicos han buscado en foros como la COP30 —que se celebrará en Belém, Brasil, en 2025— visibilizar sus compromisos y exigir financiamiento internacional para cumplirlos.
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