El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio con el carácter de económico urgente. Esta iniciativa legal tiene como objetivo principal introducir reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), con el propósito de garantizar mayor transparencia en el manejo de los recursos, fortalecer la institucionalidad de las entidades involucradas y devolver a los ciudadanos el control sobre sus fondos previsionales.
Según la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, uno de los puntos más relevantes de esta propuesta es que permitirá a los afiliados y jubilados recuperar el control sobre sus propios recursos. En particular, la normativa contempla la devolución de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, los cuales pertenecen a los afiliados y jubilados, pero actualmente se encuentran bajo la administración del BIESS. Con esta reforma, dichos recursos serán devueltos a sus legítimos propietarios, quienes podrán tomar decisiones sobre su uso y destino.
Además de la devolución de fondos, el proyecto de ley plantea reformas en el manejo de los fideicomisos actualmente administrados por el BIESS. Según lo establecido en el comunicado oficial, la normativa entregará al banco las herramientas necesarias para liquidar fideicomisos improductivos, es decir, aquellos que no generan beneficios ni rentabilidad para los fondos previsionales. A la par, permitirá reactivar aquellos fideicomisos que, por sus características, presenten viabilidad financiera y posibilidades de crecimiento. Se busca que el BIESS pueda tomar decisiones estratégicas que protejan e incrementen el valor de los recursos administrados en nombre de los asegurados.
Otro eje importante de la propuesta legal está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad crediticia del BIESS. El proyecto contempla la posibilidad de que el banco utilice parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento. Esta herramienta permitiría aumentar la liquidez disponible y ampliar la oferta de créditos para afiliados y jubilados. De acuerdo con el documento oficial, esta medida está orientada a dinamizar el acceso al crédito a través de instrumentos sólidos y responsables, sin comprometer la seguridad financiera de los fondos previsionales. Así, el banco podría ofrecer una mayor cantidad de créditos en condiciones más ventajosas para sus usuarios.
En el ámbito institucional, el proyecto incorpora reformas orientadas a mejorar los mecanismos de gobernanza y control tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como en el propio BIESS. Entre los cambios propuestos se encuentra la creación de un mecanismo de financiamiento para el proceso de elección de los vocales del Consejo Directivo del IESS. Este mecanismo, según el Gobierno, busca asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera democrática, transparente y sostenible en el tiempo. Asimismo, se establecen nuevas herramientas para que las autoridades tanto del IESS como del BIESS rindan cuentas por sus decisiones administrativas y financieras.
La propuesta del Ejecutivo destaca cuatro beneficios concretos que esta reforma permitiría alcanzar: la protección del ahorro previsional de los ciudadanos; la garantía de sostenibilidad de las pensiones, tanto actuales como futuras; un mayor acceso al crédito para los afiliados y jubilados; e instituciones más fuertes, con mayor capacidad de gestión, supervisión y rendición de cuentas.
El Gobierno Nacional reafirmó que con esta propuesta busca cumplir su compromiso de proteger los derechos de los jubilados, los afiliados al IESS y sus familias. En el comunicado se subraya que la seguridad social constituye un pilar fundamental para el bienestar y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El fortalecimiento del BIESS, la devolución de los fondos a sus legítimos dueños y el mejoramiento de los procesos institucionales forman parte de un esfuerzo por restablecer la confianza ciudadana en las entidades públicas encargadas del manejo de los recursos previsionales.
La Asamblea Nacional deberá tramitar este proyecto bajo el régimen de ley económica urgente.
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