El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia ordenó revisar las detenciones de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia instruyó este viernes la verificación inmediata del cumplimiento de los plazos de detención preventiva en todos los procesos en curso contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, principales presos políticos por la crisis de 2019.

La disposición, firmada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, demanda a los titulares de los Tribunales Departamentales de Justicia proceder con la revisión en un plazo de 24 horas desde la notificación con la medida.

El documento ordena que “inclusive de oficio” los jueces departamentales realicen la verificación conforme a las facultades constitucionales y legales vigentes. El TSJ subraya que esta instrucción no debe interpretarse como una intromisión en las facultades privativas de los administradores de justicia, sino como “la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”.

Los presos políticos Áñez, Camacho y Pumari enfrentan diversos procesos derivados de los hechos de 2019, año en el que se produjo la renuncia de Evo Morales tras denuncias de fraude electoral y posteriores protestas que dejaron decenas de muertos. Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por el caso conocido como “golpe de Estado II”, en el que la justicia ordinaria determinó que ocupó la presidencia de forma supuestamente ilegal. Además, enfrenta al menos otros siete procesos judiciales. Camacho y Pumari también se encuentran bajo detención preventiva en el denominado caso “golpe de Estado I”, aunque el juicio permanece paralizado mientras el Tribunal Constitucional revisa la tipificación del delito de terrorismo. Hay más de 300 presos políticos en el país.

La disposición del TSJ solicita que la verificación de los plazos se haga “de manera inmediata y, dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales (…), en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la disposición”. El instructivo establece también que, tras la revisión, los jueces deberán resolver lo que en derecho corresponda según la normativa legal vigente, lo que podría implicar la liberación de los acusados si se demuestra que los plazos de la detención preventiva ya se han cumplido.

“El juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes”, afirmó Saucedo en el instructivo.

La ex mandatario Jeanine Áñez manifestó su satisfacción por la medida a través de sus redes sociales. “Después de 4 años y medio, el Tribunal Supremo de Justicia instruye actuar en derecho. No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que, aunque llega tarde, lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”.

Y añadió: “Liberada de la injerencia del MAS y del Órgano Ejecutivo, la Justicia debe restituir todos los derechos y las garantías que nos fueron conculcados. La Fiscalía debe proceder del mismo modo, ya que fuimos perseguidos, encarcelados y procesados fuera del mandato expreso de la Constitución por las instrucciones masistas de acabar con los defensores de la democracia”.

El instructivo se produce un día después de los resultados finales de las elecciones generales de Bolivia, en donde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Alianza Libre accedieron a la segunda vuelta, dejando fuera al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

El abogado constitucionalista William Bascopé explicó a la cadena Red Uno que la instrucción responde al principio de celeridad y transparencia contenidos en la Constitución. “Esta es una de las pocas veces que el TSJ realmente asume un rol importante que la Constitución y la Ley Orgánica Judicial le permite hacer”, dijo Bascopé, quien señaló que los jueces deberán determinar si la detención preventiva de los acusados aún es justificada jurídicamente.

Camacho y Pumari, por su parte, permanecen recluidos en cárceles del país desde la apertura de los procesos. Ambos lideraron las manifestaciones opositoras de 2019, que culminaron en la salida de Evo Morales y la asunción de Áñez. Mientras tanto, el jefe del TSJ reiteró que la autonomía de los tribunales no será vulnerada y que cada caso se analizará bajo el enfoque de independencia judicial dispuesto por la norma constitucional.

Según el instructivo oficial divulgado, los Tribunales Departamentales deberán remitir la información requerida dentro del plazo establecido, y cualquier decisión que se adopte en consecuencia se regirá estrictamente por lo que dispongan los respectivos jueces al revisar los períodos legales de la detención preventiva en los procesos contra los líderes opositores.

Bolivia aguarda el resultado de la revisión ordenada por el TSJ, que podría marcar un punto de inflexión en las causas abiertas tras la crisis social de 2019.

(Con información de EFE)