Estados Unidos sancionó a Alexandre de Moraes, el juez del Tribunal Supremo de Brasil que impuso medidas cautelares a Bolsonaro

El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las sanciones se enmarcan en la Ley Magnitsky, que autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos

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El presidente del Tribunal Superior
El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes (AP Foto/Gustavo Moreno, archivo)

Estados Unidos impuso sanciones al juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal de Brasil, al que acusa de autorizar detenciones preventivas arbitrarias y suprimir la libertad de expresión, según informaron el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Moraes es el magistrado que supervisa la causa penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, investigado por presuntamente planear un golpe de Estado durante su mandato al frente del Ejecutivo brasileño entre 2019 y 2023.

Las sanciones contra Moraes, impuestas en virtud de la Ley Global Magnitsky, apuntan al bloqueo de bienes e intereses del magistrado y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de efectuar transacciones con él. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Moraes “ha investigado, perseguido y reprimido a quienes han participado en discursos que están protegidos por la Constitución de Estados Unidos, sometiendo repetidamente a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había vinculado previamente la posibilidad de imponer nuevos aranceles a Brasil a lo que calificó como una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro. Las sanciones adoptadas llegan días después de que el Departamento de Estado norteamericano revocara el visado de Moraes y de sus familiares directos, en respuesta a las medidas cautelares que el juez impuso sobre Bolsonaro.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que Moraes “se ha arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas” y lo responsabilizó de desarrollar “una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro”. Bessent añadió: “La acción de hoy deja claro que el Tesoro continuará responsabilizando a aquellos que amenazan los intereses de Estados Unidos y las libertades de nuestros ciudadanos”.

El gobierno estadounidense afirmó que Moraes, nombrado magistrado del Supremo brasileño en 2017, se ha convertido “en una de las figuras más influyentes de Brasil, ejerciendo una inmensa autoridad gracias a su supervisión de extensas investigaciones” por parte del alto tribunal. Entre las acusaciones, Washington sostiene que Moraes “ha atacado a políticos de la oposición, periodistas, periódicos y plataformas de redes sociales estadounidenses, como X”, y que ha emitido instrucciones a empresas estadounidenses para bloquear o eliminar cientos de cuentas en redes sociales.

Alexandre de Moraes. REUTERS/Diego Herculano
Alexandre de Moraes. REUTERS/Diego Herculano

El Departamento del Tesoro subrayó que el juez brasileño llegó a ordenar prisión preventiva y la imposición de una tobillera electrónica a Bolsonaro, así como la prohibición de que utilice redes sociales, acusándolo de buscar la injerencia de Trump. Las recientes acciones se producen tras un periodo en el que el gobierno de Estados Unidos había anunciado que consideraba represalias contra Moraes, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, aludiera en junio a la posibilidad de tomar medidas.

Como resultado de las sanciones, los bienes o intereses de Moraes en Estados Unidos o en posesión de ciudadanos de ese país quedan bloqueados y los ciudadanos estadounidenses no pueden entablar relaciones económicas con él. Además, el comunicado sostiene que las investigaciones y medidas impulsadas por Moraes han afectado tanto a ciudadanos brasileños como estadounidenses, incluidos periodistas y usuarios de las redes sociales residentes en Estados Unidos.

Las acciones del gobierno estadounidense se enmarcan en una estrategia de presión sobre figuras internacionales a las que acusa de graves violaciones de los Derechos Humanos y corrupción, según lo estipulado en la Ley Global Magnitsky y en diversas órdenes ejecutivas vigentes.

(Con información de Reuters y Europa Press)

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