Jeanine Añez denuncia manipulación de un testigo clave en el juicio denominado Golpe de Estado I

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció que uno de los procesos que se sigue en su contra se sostiene en declaraciones manipuladas por el Ministerio Público.

Su afirmación surge luego de que el abogado Óscar De La Fuente, uno de los firmantes de la denuncia, revelara que sus palabras fueron tergiversadas para implicar a la ex mandataria y dos ex líderes cívicos en el caso “Golpe de Estado I”, relacionado a los conflictos post electorales de 2019 y la caída del Gobierno de Evo Morales.

“Éste es un hecho que reafirma que el viciado proceso judicial en contra de los defensores de la democracia ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad, al juicio justo y a la verdad”, escribió la ex mandataria en X y exigió a fiscal general del Estado abrir una investigación inmediata.

Añez responsabilizó al Ministerio Público de sostener un caso “sin fundamentos”, basado en un testigo que ahora carece de credibilidad. “El testigo Óscar De La Fuente primero fue utilizado como herramienta política y ahora admite que sus declaraciones fueron fraguadas”, sostuvo. Según la ex presidenta, el fiscal Omar Mejillones es responsable de la supuesta manipulación.

Tanto Añez como los ex líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari están encarcelados con detención preventiva por este caso y además enfrentan otros cargos.

El proceso al que hace referencia la ex presidenta tiene que ver con la crisis política de 2019. El octubre de ese año, al concluir las elecciones presidenciales y en medio de acusaciones de fraude electoral, Camacho y Pumari -entonces presidentes de los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí- lideraron protestas sociales contra el Gobierno de Morales, que se hicieron masivas y se extendieron a todo el país.

Después de casi tres semanas de movilizaciones, a las que se sumó un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de las Fuerzas Armadas, Morales renunció a la Presidencia el 10 de noviembre. Dos días más tarde, y ante el vacío de poder por la renuncia de quienes seguían en la línea de sucesión constitucional, la entonces senadora Añez asumió la presidencia de la Cámara Alta y luego la del Estado, en sesiones legislativas que no contaron con el quórum reglamentario ni presencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este caso aún polariza en Bolivia. Para los seguidores de Morales la acción constituyó un “golpe de Estado” y para la oposición fue una sucesión legítima justificada por el vacío de poder.

La investigación contra la ex mandataria y los dos líderes cívicos se abrió en 2020 a denuncia de la ex diputada del MAS, Lidia Patty. Óscar De La Fuente, el abogado que aparece en el caso en calidad de “afectado”, manifestó en declaraciones recientes al periódico El Deber: “Soy testigo clave del caso, yo no me he puesto en esa condición (…) he declarado por 12 horas (en diciembre de 2020). En ninguna parte he acusado al señor Camacho, Pumari o a la señora Añez. Ellos (los fiscales) han mal utilizado mi declaración para incriminar a esas personas, yo no los incrimino”, reveló.

Por este caso Añez y los dos ex líderes cívicos cumplen detención preventiva. La ex presidenta en un penal de La Paz, desde marzo de 2021, donde también cumple una sentencia de diez años por otro caso. Luis Fernando Camacho está en la cárcel Chonchocoro, en El Alto, desde diciembre de 2022 y Marco Antonio Pumari guarda reclusión en el penal de Cantumarca, en el departamento de Potosí, desde diciembre de 2021.