La Procuraduría General de la República (Fiscalía) de Brasil reiteró el pedido de condena para el ex presidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados señalados como parte del núcleo central de la supuesta trama golpista contra Lula da Silva.
El documento de alegaciones finales fue elaborado por el procurador Paulo Gonet y enviado al ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF).
En el texto, Gonet destacó que “la cooperación entre sí de los denunciados para ese objetivo final, bajo la coordinación, inspiración y determinación final del ex presidente de la República denunciado, torna nítida la organización criminal en su significado penal”.
El procurador sostuvo que, aunque no todos los acusados actuaron en todos los hechos relevantes, colaboraron con sus actos para que el conjunto de eventos considerados delitos ganara concreción, alineándose con los fines de la trama. Y afirmó: “Todos los personajes del proceso en la tentativa de golpe son responsables por los eventos que se concatenan entre sí”.
En el documento, al que tuvo acceso el periódico Folha de San Pablo, Gonet mencionó inconsistencias en la delación de Mauro Cid, estrecho colaborador de Bolsonaro, y sugirió reducir solo un tercio de la pena, en vez de los dos tercios habituales.
Hizo referencia a la ocasión en que Moraes volvió a escuchar a Cid en noviembre de 2024 debido a omisiones sobre un plan para matar y secuestrar autoridades, y al hecho divulgado en junio pasado acerca de que mantenía contacto en redes sociales con Bolsonaro.
Gonet considera que las omisiones y una “narrativa ambigua” no afectan las pruebas principales de la causa.
La Procuraduría rechazó la posibilidad de “perdón judicial” o la “conversión de las penas a restrictivas de derechos”, ya que entiende que esos beneficios exigen colaboración efectiva y de buena fe, requisitos que no ve totalmente presentes en este caso.
El proceso de la trama golpista incluye también como acusados a Alexandre Ramagem (diputado federal y ex jefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia), Almir Garnier (ex comandante de la Marina), Anderson Torres (ex ministro de Justicia), Augusto Heleno (ex ministro del Gabinete de Seguridad Institucional), el mencionado Mauro Cid (ex ayudante de órdenes de Bolsonaro), Paulo Sérgio Nogueira (ex ministro de Defensa) y Braga Netto (ex ministro de la Casa Civil y de Defensa).
Todos los acusados enfrentan cargos por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia, amenaza grave a bienes públicos y deterioro de patrimonio protegido. Las penas máximas sumadas pueden superar los 40 años de prisión.
La expectativa en el Supremo es que el proceso quede listo para su veredicto a inicios de septiembre, una vez finalizada la etapa de alegaciones finales por parte de las defensas.
En la última semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó públicamente al Supremo de Brasil y al proceso judicial, calificándolo como una “caza de brujas” y anunció una sobretasa del 50% sobre productos brasileños, presentándose como defensor de Bolsonaro.
Ante ello, el presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, respondió sin mencionar a Trump, señalando que las sanciones estadounidenses se basan en una “comprensión imprecisa de los hechos”.
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