El Ejército ecuatoriano retomó el control de enclaves mineros ilegales en el norte del país

El Ejército Ecuatoriano tomó control total de tres sectores estratégicos en la parroquia de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del país. Las zonas intervenidas —Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo— han sido identificadas por las autoridades como focos críticos de minería ilegal, con alto impacto en la seguridad, el medio ambiente y el orden público.

La intervención militar, realizada el domingo 13 de julio, se enmarca en una operación interna de gran escala, en la que participaron alrededor de 1.500 efectivos de las Fuerzas Armadas. Las tropas ingresaron a los sectores mineros con el apoyo de vehículos blindados mecanizados tipo Cobra y David, y contaron con respaldo aéreo táctico mediante helicópteros Fennec artillados del Ejército y aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Según el boletín oficial emitido por el Ejército de Ecuador, la misión continuará en los próximos días hasta lograr la destrucción total de la infraestructura empleada en la minería ilegal. El operativo incluye el decomiso y eliminación de materiales, equipos, maquinaria y del oro encontrado en el área. Además, se ejecutan reconocimientos ofensivos y operaciones de rastrillaje en Buenos Aires, Río Verde, Cachaco y El Cristal, para localizar y desarticular posibles grupos armados organizados que operan en el lugar.

La parroquia de Buenos Aires saltó a la atención pública en 2019, cuando fue escenario de un auge sin precedentes de minería ilegal. En aquel entonces, se estimaba la presencia de más de 10.000 personas involucradas en actividades auríferas irregulares. A pesar de los operativos previos, la zona volvió a mostrar signos de reactivación del extractivismo clandestino en los últimos años.

El oro, por su alta demanda y facilidad para ser movilizado sin trazabilidad, ha sido identificado por organizaciones especializadas como un vehículo eficaz para el lavado de activos. Según el análisis de la FACT Coalition, una red internacional enfocada en delitos ambientales y financieros, Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para redes criminales que aprovechan los vacíos de control estatal. Esto porque los grupos organizados emplean el oro ilegal tanto para financiar operaciones como para blanquear dinero proveniente de otras actividades ilícitas.

La preocupación por la falta de controles también ha sido documentada en investigaciones periodísticas que revelaron que entre 2021 y 2023 más de USD 1.300 millones en oro fueron exportados por personas y empresas sin antecedentes en la industria minera, muchas de ellas vinculadas a esquemas de evasión tributaria y con relaciones opacas con compradores en países como Emiratos Árabes Unidos e India.

Estas redes se valen de figuras legales como las compañías por acciones simplificadas (SAS), que según el Servicio de Rentas Internas (SRI), han permitido la inscripción de más de 20.000 empresas en Ecuador con poca o nula actividad económica registrada. Algunas de estas sociedades habrían simulado operaciones de exportación millonarias sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, generando un grave perjuicio al Estado y abriendo rutas para el lavado de capitales a través del comercio aurífero.

En ese contexto, la ofensiva militar en Buenos Aires no solo busca erradicar campamentos y maquinaria ilegal, sino también cortar el eslabón inicial de una cadena que conecta la minería ilegal con delitos financieros de alcance internacional. La magnitud del despliegue refleja el interés del gobierno por reforzar el control territorial y enfrentar estructuras criminales que aprovechan la debilidad institucional en áreas rurales.

Esta intervención forma parte del compromiso del Ejército Ecuatoriano por proteger la seguridad nacional, conservar el entorno ecológico y combatir al crimen organizado, según indicó el boletín oficial. La parroquia de Buenos Aires —emblema de la fiebre del oro ilegal en Ecuador— vuelve así al centro de una ofensiva estatal que busca frenar un fenómeno que, según especialistas, no solo destruye el medioambiente, sino que también alimenta una economía criminal difícil de rastrear.