La CIDH ordenó medidas cautelares para un militar retirado nicaragüense condenado por “traición a la patria”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado a informar sobre su paradero y condiciones de reclusión, en un contexto de denuncias por trato cruel y violaciones a derechos fundamentales bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

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Una ONG nicaragüense denunció la detención arbitraria de un crítico del régimen de Ortega y Murillo
Imagen de archivo de Aníbal Martín Rivas Reed (@ColectivoNunca vía X)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del disidente Aníbal Martín Rivas Reed, militar en retiro del Ejército de Nicaragua, detenido por la Policía Nacional en su domicilio el pasado 17 de mayo y condenado a 50 años de cárcel por el delito de “traición a la patria”, informaron este sábado fuentes familiares y organismos de derechos humanos.

Según la información conocida, Rivas Reed, de 61 años, crítico del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue procesado en un juicio que su familia calificó de “arbitrario”. Sadie Rivas, hija del militar en retiro, declaró: “Hemos sido informados de que fue procesado en un juicio arbitrario y condenado a 50 años de prisión, sin que hasta la fecha tengamos información clara sobre los cargos imputados ni las garantías mínimas del debido proceso”.

La CIDH emitió el 24 de junio una resolución indicando que otorgó las medidas cautelares tras determinar que existe una situación de gravedad y urgencia en torno a los derechos de Rivas Reed, considerando un riesgo de daño irreparable para su vida e integridad personal en Nicaragua. La parte solicitante señaló que, tras su detención, los allegados y familiares del beneficiario desconocieron su destino durante 42 días, período que consideran como desaparición forzada.

El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
El líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Después de ese periodo, la familia logró confirmar el paradero de Rivas Reed. Se encuentra estable de salud, recibiendo medicación básica pero bajo confinamiento solitario en una celda pequeña, completamente cerrada y en aislamiento total, sin posibilidad de comunicarse ni salir al sol. Para la familia, este aislamiento prolongado equivale, según estándares internacionales, a una forma de trato cruel, inhumano y degradante, comparable a la tortura.

Frente a esta situación, los familiares exigieron al Estado el cese inmediato de las condiciones calificadas como “inhumanas” de detención y solicitaron la liberación inmediata e incondicional de Rivas Reed, así como la de todas las personas consideradas presas políticas en Nicaragua. Las autoridades estatales, hasta la fecha, no ofrecen información oficial sobre el paradero, estado ni condiciones de reclusión del militar retirado, tampoco proporcionaron detalles a la CIDH.

Por ello, con fundamento en el artículo 25 de su reglamento, la CIDH solicitó al Estado nicaragüense adoptar las medidas necesarias para determinar y comunicar de manera fehaciente la situación de Rivas Reed, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales. El organismo pidió especificar si el beneficiario se encuentra bajo custodia estatal, aclarar los motivos de su detención, el acceso a su defensa legal y a sus familiares, así como reportar las atenciones de salud que recibe.

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Rosario Murillo y Daniel Ortega en un acto oficial en Managua (Archivo)

El caso se inscribe en un contexto de crisis política y social persistente desde abril de 2018 en Nicaragua, agravada tras las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, cuando Daniel Ortega, de 79 años y en el poder de forma ininterrumpida desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato. Sus principales oponentes se hallaban ya presos, posteriormente expulsados del país y privados de nacionalidad tras acusaciones de “traición a la patria”.

Ortega, quien también rigió el país entre 1985 y 1990 tras el triunfo sandinista, controla actualmente el Ejecutivo junto a Rosario Murillo, tras una reforma constitucional que la nombró copresidenta en febrero, otorgando a la pareja el control centralizado de los poderes nacionales. Diversos gobiernos y entidades internacionales han acusado a Ortega de eliminar el pluralismo político, libertades civiles y la independencia del Estado en Nicaragua. La CIDH y otros organismos internacionales continúan el monitoreo de la situación de los detenidos políticos y activistas bajo cargos de “traición a la patria” en el país.

(Con información de AFP y EFE)

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