
El Gobierno de Bolivia admitió este jueves que el descenso de la calificación de riesgo de CCC+ a CCC-, establecido por la agencia Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, es por una “ingobernabilidad política”, de la cual responsabiliza al ex presidente Evo Morales por “boicotear” préstamos en el Legislativo.
La Administración del presidente Luis Arce ha responsabilizado en varias ocasiones al Legislativo, donde la oposición y el bloque oficialista leal a Morales son mayoría, por alentar un “boicot y bloqueo” a la gestión del Ejecutivo al no aprobar créditos.
“Nosotros lo hemos venido señalando desde hace más de dos años y medio. Cada vez que nos bajan la cualificación, les decíamos que hay este problema, y ahora obviamente lo ratifica el informe”, dijo el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Montenegro señaló que uno de los principales factores que incidieron en la baja de la calificación son la “ingobernabilidad política”, que, consideró, es un problema “sustancial”.
“La política no va disociada de la economía. Quien crea que la política va por una vereda y la economía por otra, no entiende cómo funciona la sociedad. El problema político ha golpeado al tema económico”, agregó.
Según el ministro, S&P “incluyó en su análisis los argumentos del Gobierno boliviano para explicar la situación económica del país” y como las “divisiones políticas” previas a las elecciones generales del próximo 17 de agosto han “limitado” al Ejecutivo de Arce para resolver los “desequilibrios económicos”.

El Ministerio de Economía señaló que Bolivia “continúa realizando todos los esfuerzos para cumplir con el pago del servicio de la deuda externa” pese a los problemas en el Legislativo, los factores externos y los bloqueos de caminos efectuados por los seguidores de Morales, quienes buscan forzar su candidatura presidencial a pesar de que está inhabilitado.
Bolivia afronta desde principios de 2023 la escasez de dólares, con restricciones de divisas en el sistema financiero, además del encarecimiento de los alimentos, productos de limpieza y medicamentos.
El país cerró el año pasado con una inflación del 9,97%, la mayor desde 2008, mientras que en el primer cuatrimestre de este año alcanzó el 5,95%.
“Al 30 de abril de 2025, Bolivia cumplió con el 38% del total de la deuda pública externa programada para la gestión”, equivalente a 585 millones de dólares, señaló el ministerio.
También indicó que el “retraso y bloqueo” legislativo para la aprobación de préstamos externos orientados a la inversión pública “ha ocasionado la salida neta por un total de USD 1.337 millones hasta abril de 2025”.
En marzo de 2023, S&P ya había reducido la calificación crediticia de Bolivia de B- a CCC+, mientras que el reporte anterior, de noviembre del año pasado, ratificó ese nivel.
(Con información de EFE)
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