La muerte violenta del ex militar nicaragüense, Roberto Samcam, quien residía en Costa Rica como exiliado político desde 2018, ha encendido las alarmas de la comunidad internacional y ha puesto en el centro del debate la seguridad de los opositores nicaragüenses que buscan refugio fuera de su país natal.
“Condenamos enérgicamente el asesinato de Roberto Samcam”, declaró Jan-Micahel Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, en un comunicado.
Samcam, mayor retirado del ejército de Nicaragua, tenía 66 años cuando fue asesinado de ocho disparos por sicarios que irrumpieron en su vivienda ubicada en Moravia, al noreste de la capital costarricense, San José. El crimen ocurrió mientras vivía junto a su esposa, tras haber huido de su país en el contexto de la represión estatal que siguió a las protestas masivas contra el gobierno de Daniel Ortega en 2018. Según informó AFP, la violencia de aquel año dejó un saldo de más de 300 muertos, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La reacción de los expertos de la organización no se hizo esperar. En el comunicado oficial, Jan-Micahel Simon expresó su confianza en las autoridades costarricenses: “Valoramos la rápida actuación de Costa Rica. Confiamos que la investigación permitirá esclarecer los motivos de este terrible acto y brindar justicia a su familia”.
La declaración subraya la expectativa internacional de que el caso no quede impune y que se esclarezcan tanto los autores materiales como los posibles móviles detrás del asesinato.
El contexto en el que se produjo el crimen de Samcam es especialmente delicado.
En febrero, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó un informe en el que advertía sobre la extensión de la represión nicaragüense más allá de sus fronteras. Aunque este grupo no habla en nombre de la ONU, su análisis ha sido tomado como referencia por la comunidad internacional.
“Ningún lugar en el mundo parece ser seguro para los nicaragüenses que se oponen al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, afirmó Reed Brody, miembro del grupo, en declaraciones recogidas por AFP.
La preocupación por la seguridad de los exiliados nicaragüenses no es nueva, pero el asesinato de Samcam ha intensificado el llamado a la acción. “Los países que acogen a nicaragüenses en su territorio deberían incrementar su protección”, reclamó Brody. Esta petición se dirige especialmente a naciones como Costa Rica, que en los últimos años ha recibido a miles de nicaragüenses que huyen de la persecución política. La situación se agrava por la evidencia de que las tácticas de intimidación y represión del gobierno de Ortega no se limitan a las fronteras de Nicaragua.
La experta Ariela Peralta, también integrante del Grupo de Expertos, detalló el abanico de métodos empleados por el régimen para hostigar a los opositores en el extranjero. “Las tácticas del Gobierno para controlar y silenciar a los disidentes en el extranjero incluyen amenazas, presión financiera, prohibición de entrada, denegación de servicios consulares o pasaportes, privación arbitraria de nacionalidad, acoso, vigilancia y coerción de familiares”, explicó.
“La posibilidad de que el asesinato de Roberto Samcam sea parte de este patrón no se debe descartar”, apuntó Peralta. La experta sugiere que el crimen podría estar vinculado a la estrategia sistemática del régimen para eliminar voces críticas, incluso fuera de su jurisdicción.
Esta hipótesis ha generado inquietud entre los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos, que temen que el caso de Samcam no sea un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia de persecución extraterritorial.
El asesinato de Samcam no es el único ataque reciente contra exiliados nicaragüenses en Costa Rica. El 10 de enero de 2024, Joao Maldonado, otro opositor refugiado, fue víctima de un atentado a tiros mientras se encontraba en un automóvil junto a su novia en San José. Ambos resultaron heridos de gravedad, lo que refuerza la percepción de que los exiliados nicaragüenses enfrentan riesgos significativos incluso después de abandonar su país.
La figura de Daniel Ortega se encuentra en el centro de la controversia. Exguerrillero de 79 años, Ortega fue presidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, y regresó al poder en 2007, donde permanece hasta la fecha. Sus críticos, así como diversos gobiernos y organismos internacionales, lo acusan de haber instaurado un régimen autocrático que ha eliminado la tolerancia, las libertades civiles y la independencia de los poderes del Estado. La consolidación de su poder se ha visto reforzada por una amplia reforma constitucional, vigente desde febrero, que convirtió a Rosario Murillo en copresidenta y otorgó a la pareja un control absoluto sobre el país.
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