El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, lanzó una advertencia directa a jueces y fiscales que, a pesar de las evidencias de violencia extrema, otorgan medidas sustitutivas a presuntos delincuentes. Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el 16 de junio de 2025, Reimberg aseguró que revelará públicamente los nombres de los operadores de justicia que, a su criterio, favorezcan a criminales. “Delincuente que salga en libertad, voy a decir el nombre del juez y fiscal responsable”, afirmó.
La declaración surge tras una serie de casos en los que detenidos por delitos graves como secuestro y extorsión no recibieron prisión preventiva. En lugar de ello, fueron beneficiados con presentaciones periódicas o arresto domiciliario, lo que ha generado indignación en el Ministerio del Interior y entre miembros de la Policía Nacional. “Cada decisión judicial debe alinearse con el interés público”, sostuvo Reimberg ante los legisladores.
Según cifras presentadas por el ministro, entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2025, la Policía Nacional aprehendió a 33.069 personas. Sin embargo, 9.932 de ellas obtuvieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Reimberg lamentó que el trabajo policial se vea deslegitimado cuando el sistema judicial permite que los acusados recuperen la libertad, incluso después de haber sido encarcelados por delitos graves. En algunos casos, indicó, se valen de acciones judiciales para dejar la prisión.
La declaración más contundente del ministro se refiere a su decisión de nombrar con nombres y apellidos a quienes, desde la Fiscalía o la judicatura, otorguen libertades cuestionables. “Como ya lo hice cuando un juez intentó contactarse conmigo... El Ecuador tiene derecho a conocer quiénes son”, manifestó.
La tensión entre el Ministerio del Interior y el sistema judicial se intensificó recientemente tras la decisión judicial de conceder medidas alternativas a dos acusados de secuestrar a comerciantes en Guayaquil. Las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en una cisterna.
Este hecho fue calificado por el ministro como “la gota que derramó el vaso” y motivó una reunión urgente entre el Ministerio del Interior, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, el pasado 13 de junio.
En paralelo, desde la Policía Nacional también se ha criticado que las leyes vigentes y ciertas organizaciones de derechos humanos brindan mayor protección a los criminales que a los agentes encargados de combatirlos. Así lo expresó, a finales de mayo, el jefe de Operaciones de la Subzona de Policía Nacional en Morona Santiago, Patricio Vargas, quien presentó públicamente el rostro de un presunto delincuente reincidente. “El tema de derechos humanos resulta que no se les puede mostrar el rostro, pero los que estamos trabajando sí tenemos que mostrar el nuestro. ¿Y será que nosotros no tenemos familia? ¿Que no estamos en condición de riesgo? Claro que estamos”, declaró bajo su propia responsabilidad.
Vargas también pidió a las autoridades judiciales actuar con mayor firmeza. “No queremos mañana darles la noticia de que está libre o que se acogió a medidas sustitutivas. Delincuentes que bajo estas figuras legales salen y siguen haciendo lo mismo”, enfatizó, aludiendo a una cadena de reincidencias propiciada, según él, por una legislación permisiva.
El clamor de las fuerzas del orden no es nuevo, pero se ha intensificado en medio de una crisis de seguridad agravada por la acción de bandas organizadas, particularmente en Guayaquil. En este contexto, el ministro Reimberg ha reiterado la necesidad de que todos los poderes del Estado actúen con responsabilidad.
El pronunciamiento de Reimberg ha generado una ola de reacciones en la opinión pública, con sectores que respaldan su postura y otros que llaman a preservar el principio de independencia judicial. Lo cierto es que el ministro ha abierto un nuevo capítulo en la tensión institucional al prometer señalar con nombre y apellido a los funcionarios judiciales responsables de decisiones cuestionadas. Sus palabras parecen anticipar un pulso frontal con la Judicatura, en un país donde la desconfianza en el sistema penal sigue creciendo.
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