Daniel Noboa envió al congreso una ley urgente para frenar la economía criminal en Ecuador

El proyecto de ley económica urgente propuesto por el presidente Daniel Noboa contiene mecanismos concretos y específicos orientados a combatir la economía criminal vinculada al conflicto armado interno que enfrenta Ecuador. Según el documento presentado ante la Asamblea Nacional, estas medidas pretenden neutralizar las estructuras criminales mediante acciones integradas en materia financiera, tributaria y de seguridad.

Una de las estrategias centrales del proyecto es la restricción directa y efectiva de las fuentes económicas de las organizaciones criminales. Esto implica desmantelar redes de lavado de activos, confiscar bienes obtenidos de manera ilícita y eliminar sus canales financieros, con el objetivo de reducir sustancialmente su poder económico. Además, estas acciones pretenden prevenir que la economía lícita sea infiltrada por recursos provenientes del crimen organizado, asegurando la integridad y estabilidad del sistema económico nacional .

Para implementar estos objetivos, el proyecto señala que el presidente podrá decretar medidas económicas específicas, como incentivos tributarios, alivios financieros y compensaciones dirigidas especialmente a zonas focalizadas, afectadas severamente por actividades criminales.

Estas medidas buscan estimular la formalización económica y recuperar ingresos tributarios afectados por la economía criminal. El mandatario también tendrá la facultad de movilizar recursos económicos adicionales a través del Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar la efectividad de estas acciones.

El proyecto contempla la creación de una instancia denominada Bloque de Seguridad, que será responsable de coordinar y ejecutar las medidas establecidas por la ley. Este organismo, encabezado directamente por el presidente o su delegado, planificará acciones militares y de seguridad, además de controlar la aplicación de medidas económicas específicas para desarticular las economías criminales. Entre sus competencias está establecer controles fronterizos integrados, sistemas de vigilancia tecnológica, y definir las llamadas “zonas de seguridad”, declaradas directamente por el presidente.

Asimismo, el Bloque de Seguridad podrá determinar medidas adicionales que considere necesarias, como recopilar información de inteligencia para anticipar movimientos criminales y prevenir ataques. Todas las entidades públicas y privadas estarán obligadas a proporcionar la información requerida para estos fines, so pena de sanciones por incumplimiento de órdenes legítimas.

En el marco específico de la seguridad pública, el proyecto permite a las Fuerzas Armadas aplicar fuerza legítima y directa contra objetivos militares identificados claramente, como bienes muebles e inmuebles involucrados en actividades ilícitas como narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, secuestro, lavado de activos y trata de personas. Igualmente, establece que vehículos polarizados o sin placas, que no pertenezcan a entidades gubernamentales, podrán ser considerados objetivos militares legítimos.

Desde el punto de vista financiero y tributario, la ley propone cambios importantes a la normativa sobre prevención del lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFE) asumirá un rol ampliado en contextos de conflicto armado interno, debiendo priorizar la detección y documentación de operaciones sospechosas relacionadas con economías criminales. También deberá coordinarse con autoridades nacionales e internacionales mediante acuerdos de cooperación para robustecer la lucha contra actividades ilícitas financieras.

Adicionalmente, la propuesta introduce reformas tributarias incentivando las donaciones a favor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, permitiendo que contribuyentes obtengan rebajas en el impuesto a la renta por donaciones destinadas al equipamiento para seguridad pública. Este incentivo tiene un límite de hasta el 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución del mismo .

El proyecto de ley establece un régimen especial para la gestión y administración de bienes confiscados provenientes de actividades ilícitas, otorgando la responsabilidad a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y al Ministerio de Economía y Finanzas. Estos bienes serán publicados mensualmente para garantizar transparencia y permitir reclamos legítimos antes de ser adjudicados definitivamente al Estado ecuatoriano.

Con la mayoría que el oficialismo logró consolidar en el Legislativo, lo más probable es que este proyecto ley sea aprobado. Sería el primero dentro del nuevo periodo de gobierno de Noboa.