Empleados púbicos nicaragüenses, incluidos maestros, denunciaron este martes que la dictadura de Daniel Ortega los está obligando a juramentarse como policías voluntarios, una figura creada en una reciente reforma a la Constitución Política y que, según los opositores, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
“Por trabajar para el Estado nos obligan a ser policías voluntarios”, dijo un empleado público al diario nicaragüense La Prensa.
Según ese medio, los empleados públicos, incluidos los maestros de las escuelas estatales, fueron convocados este miércoles a la Plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua, para ser juramentados como policías voluntarios en un acto de la Policía Nacional.
A los docentes de Managua los convocaron a ir vestidos con pantalón de color azul o negro, camiseta blanca y botas o zapatos negros, y les informaron que durante el traslado al lugar donde serán juramentados les darán un pasamontañas para ocultar sus rostros.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en la víspera que este miércoles, durante la toma de posesión para un nuevo período del director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, juramentarán a 30.000 policías voluntarios
El pasado 5 de febrero, Díaz dijo que no permitirán un nuevo estallido social como el que ocurrió en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que el régimen de Daniel Ortega sostiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
“No permitiremos el horror y la barbarie que vivió nuestro pueblo en el año 2018 en el intento fallido de golpe de Estado”, sostuvo Díaz, quien es consuegro de Ortega y Murillo.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
La Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas y a petición de Ortega, reformó la Constitución Política que crea “las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento”.
Además, creó la policía voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses “que prestan sus servicios de forma voluntaria”, y que, según los opositores, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
El pasado miércoles, Nicaragua puso en vigor este miércoles la reforma a la Constitución Política. La reforma, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial, La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
El Estado de Nicaragua también vigilará que los medios de comunicación social no sean “sometidos” a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses.
Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, gobierna Nicaragua desde 2017 junto con su esposa Murillo en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia.
Ortega ha pedido reformar la Constitución en 12 ocasiones desde 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.
(Con información de EFE)
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