El lunes, la Policía de Brasil llevó a cabo una importante operación en la Amazonía contra la minería ilegal de oro, una actividad que ha aumentado considerablemente en los últimos años. La misión resultó en la intervención de una organización criminal responsable de financiar y vender 3,1 toneladas de oro, encubriendo su origen con documentos falsos.
La Policía Federal de Brasil informó que la mayor parte de las detenciones y las dos docenas de órdenes de registro e incautación se llevaron a cabo en el sur del estado de Pará, una región donde la minería ilegal ha crecido exponencialmente, afectando principalmente áreas protegidas de reservas indígenas.
“Descubrimos que al menos 3,14 toneladas de oro extraído ilegalmente habían sido blanqueadas mediante declaraciones fraudulentas sobre el origen del mineral”, señala el comunicado.
El proceso de refinamiento del oro ilegal se realizaba principalmente en Sao José do Rio Preto, una ciudad en el norte del estado de Sao Paulo conocida por su próspera industria joyera. Allí, el oro ilegal se fundía junto con el oro legal, lo que complicaba el rastreo del metal no autorizado.
La investigación llevó a un juez federal a ordenar la confiscación y congelación de 2.900 millones de reales, equivalentes a 514 millones de dólares, en efectivo y activos, que incluían vehículos, motocicletas, joyas y pepitas de oro.
Además, se informó de la suspensión de cuatro empresas, la revocación de seis licencias mineras y cuatro permisos de tenencia de armas. También se ordenó la destitución de cuatro funcionarios del gobierno local. La información detallada en el comunicado resaltó la implicación de indígenas en la organización delictiva.
Goncalves subrayó la importancia de estas acciones para frenar las actividades ilegales que perjudican no sólo económicamente, sino también al medio ambiente y a las comunidades indígenas.
Finalmente, la operación brasileña incluyó esfuerzos para rastrear y desmantelar la red de apoyo financiero de la organización delictiva, que utilizaba una combinación de empresas fantasmas y testaferros para ocultar sus actividades ilegales.
Las autoridades brasileñas destacaron la importancia de la colaboración internacional en este tipo de investigaciones, especialmente con países que son destinos frecuentes del oro de origen ilegal.
La minería ilegal amenaza reservas de la Amazonía brasileña
La minería ilegal representa una amenaza significativa para la Amazonía, ya que provoca deforestación, contaminación de ríos y desplazamiento de comunidades locales, además de contribuir al comercio ilegal de recursos minerales.
Greenpeace Brasil denunció hace unos días que la minería ilegal en la Amazonía brasileña está devastando áreas destinadas a la economía sostenible, según un estudio que recopila datos entre enero de 2023 y julio de 2024. La ONG identificó la destrucción de 13.484 hectáreas en 15 unidades de conservación en los estados de Amapá, Amazonas y Pará.
El Bosque Nacional de Amanã, situado entre Amazonas y Pará, es uno de los lugares más afectados con una devastación de 6.812 hectáreas, de acuerdo con el análisis de Greenpeace Brasil. Los informes destacan que el río Amanã también ha sufrido daños debido a las actividades mineras ilegales, afectando 56 de sus 156 kilómetros de longitud.
La organización atribuye este aumento de la minería ilegal al debilitamiento de la fiscalización y la flexibilización de las leyes ambientales durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), junto con el incremento en el precio del oro en el mercado internacional.
Jorge Eduardo Dantas, portavoz del Frente de Pueblos Indígenas de Greenpeace Brasil, explicó que estos factores han agravado una situación ya compleja en el bioma amazónico.
Según el estudio, las actividades mineras ilegales se han extendido del estado de Pará hacia Amazonas, afectando significativamente los ríos Tapajós, Jamanxim, Anamã y Parauari. Estos desplazamientos se han observado en 15 unidades de conservación y también en algunas Tierras Indígenas protegidas por ley, como las de las etnias Kayapó, Munduruku y Yanomami, las cuales perdieron 417 hectáreas entre enero y junio de 2024.
(Con información de Reuters y EFE)
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