
La petrolera estatal de Bolivia confirmó este miércoles que había cesado sus actividades en uno de sus pozos ante el avance de un grupo de manifestantes, que protestaba en las inmediaciones por la construcción de una ruta. La compañía adelantó que la medida generará importantes perjuicios económicos al país y complicará aún más el abastecimiento de los surtidores, que ya operan con escasez.
Los pobladores cerca del pozo Yarará-X2 “obligaron a personal técnico” a cerrarlo, lo que “afecta directamente a la prueba de evaluación del reservorio del pozo” y “tiene un impacto importante en la reducción de producción de hidrocarburos líquidos que contribuye a la reducción de importación de combustibles”, dijo Roberto Antelo, de la Gerencia de Exploración y Explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Un grupo de vecinos de la región de Yapacaní mantiene desde hace seis días un bloqueo en la ruta que conecta con Santa Cruz en señal de reclamo por la construcción de otra vía que los conduzca a la capital de esta segunda región. Sin embargo, ante la falta de respuesta del Ejecutivo de Luis Arce, el grupo comenzó a avanzar hasta llegar a uno de los pozos de petróleo cercanos de la compañía y ordenar el cierre de sus válvulas.

Desde la empresa ya habían emitido un comunicado -cuando apenas se trataba de una amenaza- señalando que esta acción por parte de los manifestantes reducirá aún más la producción de petróleo, agudizará el desabastecimiento en los surtidores de todo el país -allí se producen cerca de 420 barriles de petróleo cada día- y provocará una pérdida de casi USD 44.000 diarios.
Es por ello que adelantaron que “se aplicarán acciones penales en caso de que ingresen a los predios y dañen la infraestructura”.
Durante la noche del martes, Arce brindó una conferencia de prensa en la que abordó los reclamos del grupo pero se desligó de las acusaciones en su contra. El mandatario explicó que su gabinete ya ha dado la aprobación al proyecto, que ahora se encuentra en el Congreso, a la espera de la luz verde.
“Falta la aprobación de la Asamblea Legislativa, ahí está el problema, el problema no está en el Gobierno”, declaró en referencia a la situación en el recinto, dividido entre las dos facciones del partido oficialista: la propia y la de los seguidores de Evo Morales.

Estos reclamos se producen a la par de los de otros sectores bolivianos, en sus casos por la escasez de dólares y combustible, que impiden el correcto funcionamiento de sus locales, así como el encarecimiento de productos de la canasta básica, que se dio como consecuencia directa de lo anterior.
La víspera, un grupo de comerciantes inició una marcha en Patacamaya y recorrerá casi 100 kilómetros hasta llegar a la sede de Gobierno. Participan varias delegaciones de distintas regiones del país, que caminarán hasta el próximo lunes, según se prevé.
Buscamos “exigirle al Gobierno que dé una solución definitiva a la crisis económica que estamos viviendo por la falta de dólares y combustible”, dijo antes de su inicio el principal dirigente del rubro, César González, y adelantó que si esta medida de fuerza no tiene éxito, se organizarán dos jornadas de “bloqueos y cierres de caminos”.
En tanto, los transportistas tanto nacionales como internacionales anunciaron un bloqueo nacional de rutas con cierre de fronteras para el próximo lunes, una nueva muestra de su descontento que se suma a los demás cortes de vías que mantuvieron la última semana.

Bolivia atraviesa desde principios de 2023 una crisis económica agudizada por la falta de liquidez de dólares y la disminución significativa de las reservas internacionales que, según el Banco Central, fueron en abril de USD 1.796 millones.
(Con información de AP)
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