El insólito plan de un senador uruguayo que mezcló masonería y fútbol para “embarrar la cancha” tras recibir 22 denuncias por delito sexuales

(Desde Montevideo, Uruguay) - Un senador uruguayo del Partido Nacional fue denunciado a fines de marzo por Romina Celeste Papasso, una militante trans de su misma colectividad política, por abusos sexuales ocurridos cuando era menor y todavía no había comenzado su transición de género. “Voy a hablar del pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años”, avisó primero en su cuenta de Twitter. Luego en una entrevista televisiva dio el nombre: Gustavo Penadés.

Se trataba de un legislador respetado en la política uruguaya, que incluso era destacado por dirigentes de la oposición por su capacidad de negociación. Penadés ocupó cargos electivos en distintos ámbitos desde 1990: fue edil en el legislativo de Montevideo, diputado y senador.

Cuando se conoció la denuncia contra él, su reacción fue negar los hechos. Pero la investigación de la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione recogió pruebas para imputarlo por 22 delitos de explotación sexual, en calidad de autor y en reiteración real, en su mayoría por retribución a la explotación sexual de menores.

A la negación inicial de los hechos, se le sumó la construcción de una trama con policías para evitar ir a la cárcel. Ese intento de salvación incluyó la unión de “dos queridos hermanos” de la masonería, las reuniones en la casa de un dirigente de fútbol y el uso del aparato estatal para acceder a información.

Estos detalles se conocieron luego de una audiencia desarrollada este martes, en la que fueron condenados cinco personas que colaboraron con Penadés para exculparlo. El caso se cerró por acuerdos abreviados, que implican el reconocimiento del delito de parte de los acusados a cambio de una pena menor (no irán a prisión sino deberán cumplir medidas sustitutivas), como informó El Observador.

La trama se comenzó a armar en mayo, cuando seis víctimas habían declarado en la Fiscalía y el caso avanzaba. En ese momento Diego Cuiñas, un funcionario del Parlasur que se había acercado a Penadés cuando asumió la presidencia de ese órgano regional, se comunicó con el exdirector del Comcar (una de las principales cárceles del país) Carlos Taroco. Ellos dos eran amigos de la masonería y el contacto tenía una justificación: había “llegado la hora de ayudar al amigo”.

Las conversaciones entre ellos fueron utilizadas como evidencias por parte de la fiscal porque ambos charlaban de “salvar al amigo” o “salvar al hombre”.

Ellos dos y otro de los condenados, Matías Cardoso, se referían entre sí como “QH”, que significa queridos hermanos, en referencia al vínculo que tenían por la masonería. A Cuiñas lo nombraban como padrino, lo que indicaba que tenía una posición superior en la logia.

Cuiñas, a su vez, los contactó con Marcelo Garate, propietario de Uruguay Montevideo, un equipo de la Segunda División Profesional de Uruguay. Este dirigente les ofreció las instalaciones del club y también su casa, donde cenaban los miércoles y acordaban los detalles del plan, detalló el medio uruguayo.

La fiscal también relató que Taroco y Cuiñas habían acordado para el exdirector del Comcar una mejor posición en la logia y la compra de una vivienda a USD 40.000.

Durante la primera etapa de la investigación, Penadés salió a decir públicamente que había una “trama” contra él. El 5 de julio, cuando rompió el silencio en radio Universal, señaló que un joven condenado por dos estafas estuvo detrás de un plan para perjudicarlo en el proceso judicial.

Sin embargo, esa supuesta “trama” terminó siendo clave para que él terminara en prisión porque la Fiscalía pudo concluir que se trataba de una construcción armada a partir de información pública, con colaboración de asesores y de policías.

Pero antes de que Penadés hablara públicamente, Cuiñas le dijo a Taroco que era “hora de embarrar la cancha”, como consignó El Observador. El exdirector carcelario había contactado a dos policías, Federico Rodríguez y Marcos Quiñones –que también fueron condenados–, para que hicieran un seguimiento de las posibles víctimas que declaraban contra Penadés. La idea era amedrentarlos y lograr que evitaran denunciar.

También se contactaron con presos que podían haber tenido relación con Penadés con el mismo fin. A uno de ellos lo trasladaron de una cárcel a otra y le ofrecieron dinero a cambio de que declarara a favor del por entonces legislador.

Ninguno de los condenados irá a la cárcel sino que cumplirán libertad vigilada y tendrán prohibido salir del país mientras cumplan la pena. A Cuiñas, Taroco y Garate se los condenó por tráfico de influencias y asociación para delinquir, mientras que a los policías se les tipificó cohecho calificado. En el caso de Rodríguez se le sumó también asociación para delinquir.