La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Irma Palencia, denunció este martes una “persecución política” contra el organismo y advirtió que existe riesgo de que se intente anular los resultados de los comicios celebrados este año, que incluyen la victoria del presidente electo Bernardo Arévalo de León.
“Nos invade la preocupación, cada vez más fuerte, de que el motivo principal de toda esta persecución política -con apariencia de legalidad- (sea) que se integre al TSE nuevos magistrados, persiguiendo posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales”, indicó Palencia en un comunicado.
La magistrada aseguró que se trata de una persecución “sistemática, espuria e ilegítima” que lleva vigente desde que en 2022 se instauraron en el país “narrativas infundadas de un posible fraude electoral” ante los intentos del órgano de modernizarse.
Asimismo, la presidenta del TSE recalcó que el procedimiento de retirar la inmunidad a cuatro magistrados es ilegal, puesto que nunca fueron notificados “como sujetos parte”. “También infringieron en mi contra derechos que me asisten como el de defensa, debido proceso, legalidad”, dijo, según el diario La Prensa.
“Persisten, así mismo, otras violaciones, como a nuestra honra, reputación, dignidad, libertad, integridad, entre otros, lo cual afecta gravemente a nuestras familias, colaboradores y la situación del Tribunal Supremo Electoral en este contexto tan difícil de incertidumbre legal y oscuro que estamos viviendo”, zanjó.
Este pronunciamiento llega cuatro días después de que el Congreso, encabezado por una alianza oficialista, decidiera retirar la inmunidad de cuatro magistrados del TSE, entre ellos Palencia, en el marco de una investigación contra el organismo por supuestas anomalías en la compra de un sistema de cómputos adquirido este año.
El Ministerio Público de Guatemala (Fiscalía) argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (unos USD 18,4 millones) pese a que había otra oferta menor “que hubiera permitido ahorrar 34 millones” (USD 4,2 millones).
Cuatro magistrados electorales, incluida Palencia, salieron de Guatemala la semana pasada ante la posibilidad de que la Fiscalía solicitara una orden de captura en su contra.
De acuerdo con el comunicado de la magistrada, la Fiscalía ha ejecutado desde julio “varias estrategias sin éxito” para intentar revertir los resultados de las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto.
Palencia también criticó los repetidos allanamientos a diversas sedes del Tribunal Supremo Electoral, así como el “grave e inédito” secuestro de las actas que contienen los resultados electorales.
Diferentes actores internacionales, como el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, han condenado las acciones judiciales de la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, contra “la voluntad popular expresada en las urnas”.
Debido a esta crisis, el jueves próximo diversas comunidades indígenas marcharán junto a Arévalo de León en una manifestación en el centro del país para exigir el respeto a los resultados electorales y a la democracia de Guatemala.
Desde el 1 de septiembre, Arévalo de León ha denunciado públicamente que Porras, desde la Fiscalía, encabeza un intento de “golpe de Estado” para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero en sustitución del actual mandatario, Alejandro Giammattei.
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