
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió este jueves la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, a solicitud de un juez penal que investiga supuestas anomalías en su proceso de creación hace cinco años.
La orden de suspender al Movimiento Semilla fue oficializada por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó la misma entidad, después de que el 31 de octubre finalizó formalmente el proceso electoral de Guatemala.
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La decisión responde al pedido presentado el 12 de julio pasado por el juez penal, Freddy Orellana, de suspender al partido por una investigación del Ministerio Público (Fiscalía) por supuestas anomalías en su proceso de creación en 2018.
Pese a la suspensión de la formación política, de acuerdo con el tribunal electoral, no se pueden revertir los resultados que dieron la victoria presidencial a Arévalo de León así como a 23 diputados de Semilla.
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La vocería del Movimiento Semilla informó a la agencia EFE que aún no han sido notificados sobre la suspensión de su partido.
El pasado martes el Tribunal Supremo Electoral concluyó el proceso eleccionario 2023 y aseguró que los resultados de los comicios celebrados el 25 de junio y el 20 de agosto son inalterables.
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Con la finalización del proceso electoral “se oficializan los resultados de las elecciones” y se garantiza “certeza jurídica” a los candidatos que fueron elegidos en los diferentes cargos, informó por medio de un comunicado emitido por el Tribunal Supremo Electoral.
El proceso electoral, que se inició el pasado 20 de enero, es considerado el más polémico en la historia democrática de Guatemala, debido a la judicialización de los comicios y al intento del Ministerio Público de revertir los resultados.
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Distintos sectores sociales y financieros habían solicitado a los magistrados electorales ampliar el proceso hasta el 14 de enero, día en el que las autoridades electas deben tomar posesión. Sin embargo, la petición no fue admitida.
Con la finalización del proceso electoral, diversos expertos ya habían advertido que la Fiscalía lanzaría nuevos casos penales contra los resultados de los comicios y contra el presidente electo Arévalo de León.
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Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha intervenido en las elecciones, intentando cancelar al Movimiento Semilla, y recientemente secuestrando las cajas que contenían los resultados de los comicios.
El pasado 1 de septiembre, Arévalo de León acusó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez penal Orellana de intentar un “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.
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Las acciones judiciales de Porras han provocado multitudinarias protestas y bloqueos de carreteras por parte de la población para exigir su renuncia.

Las irregularidades que marcaron el proceso electoral en Guatemala también provocaron un fuerte repudio en la comunidad internacional. Así, el martes pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa para más de una docena de personas por “socavar la democracia” en Guatemala y por prácticas de corrupción, entre ellos funcionarios del Ministerio Público, un viceministro, exministros y actores del sector privado del país.
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Washington designó al ex ministro del Interior Gendri Reyes Mazariego, al ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel; y al viceministro de Desarrollo Sustentable Oscar Pérez Ramírez, por considerarlos inelegibles para ingresar al país norteamericano por sus vínculos con “actos significativos de corrupción”.
Washington dijo que Reyes, Pimentel y Pérez aceptaron sobornos estando en sus funciones públicas.
“Sus acciones corruptas socavan la aplicación de la ley y la transparencia del gobierno en Guatemala”, dijo el Departamento de Estado.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, subrayó que Washington “rechaza los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica de poder en Guatemala al presidente electo (Bernardo) Arévalo”, y recordó que la Fiscalía, entre otras acciones, ha incautado material electoral que estaba bajo la custodia del Supremo o ha solicitado la evacuación por la fuerza de manifestantes pacíficos.
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(Con información de EFE)
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