La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este viernes su profunda preocupación por el nuevo allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Guatemala y la solicitud de levantamiento de inmunidad contra sus magistrados por parte del Ministerio Público (MP), que los acusa de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
La MOE calificó el allanamiento, el cuarto realizado por la fiscalía después de las elecciones presidenciales, como un “ataque sin fundamento ni motivación clara al órgano electoral, que atenta contra su independencia y autonomía”.
Asimismo, denunció que el MP está llevando a cabo una “persecución política similar a la de regímenes autoritarios, que viola los estándares democráticos y que ignora los llamados de la comunidad internacional”.
Según la información obtenida por la MOE, la Fiscalía guatemalteca decomisó documentos originales de las actas electorales, impidió la comunicación de los funcionarios del TSE y no permitió que se registrara audiovisualmente el operativo. Además, no mostró las órdenes judiciales correspondientes a las personas pertinentes.
“Estas acciones constituyen graves faltas al debido proceso, un evidente abuso de poder y una violación de derechos constitucionales y de la ley de partidos políticos”, según el comunicado de la MOE.
El organismo también criticó el uso abusivo del mecanismo de reserva por parte de la Fiscalía para no presentar la información necesaria a las partes de la investigación, “violentando el derecho al debido proceso y a la defensa”. La MOE también manifestó su inquietud por el rechazo sistemático de las peticiones judiciales y recursos presentados por el TSE y sus funcionarios y pidió que se garanticen los plenos derechos a la justicia de los guatemaltecos y sus instituciones.
Consideró que “el MP está realizando prácticas intimidatorias e intentando sembrar dudas sobre el proceso electoral y los resultados de la voluntad popular expresada inequívocamente en las urnas” en ambas vueltas electorales, en las que resultó ganador el candidato Bernardo Arévalo, del partido Movimiento Semilla.
Además, acusó al fiscal Rafael Curruchiche, que dirige la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de “violar flagrantemente la soberanía del pueblo guatemalteco con su actuar irresponsable”.
Recordó que la soberanía se materializa en la voluntad popular ya expresada en las urnas y que mancillar los materiales electorales es un agravio extremo que implica responsabilidades legales.
La MOE defendió las competencias del TSE para realizar contrataciones en tiempos electorales y cumplir con sus deberes constitucionales. También respaldó el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), que contó con la supervisión y fiscalización de los partidos políticos y que no usurpó ninguna competencia al TSE, ya que son las Juntas Receptoras de Votos (JRV) las encargadas de realizar la sumatoria y consignación de los votos.
Reiteró lo expresado en sus informes preliminares, en los que constató que el TREP funcionó de manera adecuada, con un flujo constante e ininterrumpido de las actas durante la noche y madrugada posterior a la elección.
“La actuación del Ministerio Público es una violación intolerable a la constitución de Guatemala que sostiene que corresponde a la ciudadanía determinar quién lleva las riendas del Poder Ejecutivo del país”, alertó la MOE
“Con su accionar, el Ministerio Público está alterando el orden constitucional, situación que preocupa de manera extrema a la Misión de observación electoral de la OEA”, concluye el comunicado.
(Con información de EFE y AFP)
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