
(Desde Montevideo, Uruguay) - Uruguay ha estado bajo emergencia agropecuaria durante casi la mitad del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que asumió en marzo de 2020. La sequía que afectó al país y que se agravó en el último año llevó al Poder Ejecutivo a decretar ese estado crítico, que habilita la entrega de apoyos estatales excepcionales a los productores más perjudicados del agro. En las últimas semanas hubo intensas lluvias sobre el país que permitieron dejar atrás el déficit hídrico, aunque el gobierno decidió extender la emergencia agropecuaria hasta fin de año con el retiro de algunos apoyos.
La comisión que define la extensión de la sequía consideró que los registros de lluvia, la cantidad de agua en el suelo y el crecimiento del pasto estaban en una situación de normalidad, pero que se debería extender la emergencia para hacer frente a las consecuencias de la sequía.
“Estamos en un camino de normalidad de las precipitaciones, pero todavía falta para recuperar y llegar al punto ideal”, dijo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, tras tomar la decisión.
Algunas zonas del sur y del suroeste del país siguen con “carencias” en la disponibilidad del agua. En otros puntos de Uruguay, mientras tanto, hay excesos de agua y los pronósticos respecto al próximo trimestre son “favorables”. Para el tramo final se esperan lluvias por encima de lo normal y la expectativa para primavera –una estación clave para la acumulación de reservas para el resto del año– es positiva, consideró el ministro.

Mattos explicó que la decisión de extender la emergencia agropecuaria se debe a que el agro todavía está sufriendo las consecuencias de la sequía. “Sin perjuicio de que las causas vienen cesando y se están revirtiendo, los efectos aún no. Si interrumpimos el proceso de emergencia agropecuaria, se caen los instrumentos que han dado apoyo y respaldo a los productos y que los necesitan”, expresó el jerarca del gobierno.
Hasta fin de año, entonces, los productores del sector podrán acceder a créditos con tasa subsidiada por el Estado. “La consigna del gobierno ha sido que ningún productor se quede por el camino y que todas las unidades productivas se mantengan de pie y en funcionamiento. Por eso se requiere que estos instrumentos se mantengan por unos meses más”, comentó Mattos.
La estimación de las pérdidas por la sequía en el sector rural es de USD 1.800 millones, informó el viceministro de Ganadería, Juan Buffa, en el programa En Perspectiva este jueves. El jerarca informó que en promedio los productores han solicitados créditos por USD 6.000, lo que acumula un total de USD 40 millones.
“Seguir dándole aire financiero a los productores sigue siendo importante. En la última seca la soja tuvo el peor rendimiento de la historia, con 600 kilos por hectárea”, ejemplificó.
El ministro Mattos definió las ayudas que entregó el gobierno como las “más importantes de la historia”. Fueron 20.000 beneficios para 13.000 productores agropecuarios, una proporción relevante para el sector. Fueron 35 instrumentos en total los que destinó el gobierno durante el período más crítico.

Sin embargo, el gobierno comenzó a retirar algunas medidas de apoyo, como un “plan de contingencia alimentaria” que había definido, la exoneración de la tasa consular para la importación de forrajes y volverá a inhabilitar el pastoreo en la calle, salvo para “situaciones muy puntuales y muy justificadas”.
Un aspecto adicional que permite al sector agropecuario salir de la crisis es que el invierno no fue “muy duro” y se espera que la primavera sea de “recuperación”. “Estamos con optimismo respecto a la mejora del estado de los ganados, la recuperación del forraje y la disponibilidad de aguadas”, dijo el ministro.
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