El gobierno del presidente Luis Arce rechazó este jueves el anuncio del bloqueo de caminos por parte de campesinos afines al ex presidente Evo Morales que no están de acuerdo con el nuevo dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) e instó al diálogo.
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que el bloqueo anunciado para el próximo 4 de septiembre generaría una pérdida de al menos 115 millones de dólares diarios y que afectará directamente a la población.
“No es un paro para el Gobierno, sino es un paro donde se ve directamente perjudicada la población, comerciantes, transportistas, vendedores y otros que no pueden trasladarse para realizar sus actividades”, expresó Alcón a los medios.
Además, consideró que la mejor vía para solucionar este tipo de problemáticas en el país es el “diálogo, el consenso y buscar escenarios de solución”.
Los campesinos afines a Morales anunciaron un bloqueo a nivel nacional luego de que en el congreso realizado el pasado fin de semana haya una pugna en el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), entre los que apoyan al mandatario Arce y los que son de la facción de Morales.
En ese congreso, que se desarrolló en medio de fuertes enfrentamientos en los que tuvo que intervenir la Policía, se eligió a Lucio Quispe, del ala “arcista”, aunque los “evistas” reconocen a Ponciano Santos como el dirigente de la CSUTCB.
Esta semana, Morales señaló que Arce fue quien instruyó la “intervención y gasificación” del congreso campesino, mientras que el Gobierno rechazó esas acusaciones y las acciones “divisionistas” y reafirmó la “unidad” del MAS.
Este miércoles Quispe fue respaldado por varios campesinos y recibió la documentación y las llaves de la entidad en la ciudad de La Paz.
En un encuentro extraordinario los campesinos afines a Morales determinaron hacer bloqueos desde el próximo 4 de septiembre ante la “necesidad de construir una nueva agenda política y social” y rechazaron la intervención policial que hubo el pasado fin de semana.
En la resolución exigen que el Gobierno de Luis Arce se “abstenga de interferir en los procesos de construcción y conformación” de estas entidades y que ningún funcionario emita opiniones o “realice actos” que crean divisiones internas.
También pidieron la renuncia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, por haberse “inmiscuido en la construcción de la estructura orgánica” de la CSUTCB.
Los campesinos exigen que ningún funcionario del Ejecutivo del país opine sobre el próximo congreso nacional del MAS que se realizará en octubre en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, uno de los bastiones de Morales, que el ala de Arce pedía que se realizara en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz.
Luego de leer la resolución, el secretario de la CSUTCB, Humberto Claros, señaló que el presidente Arce debe “pedir perdón de rodillas” por la gasificación suscitada en el pasado congreso, además exigió que todas las entidades de derechos humanos deben investigar esa situación.
La división en el MAS se inició a finales de 2021 entre seguidores de Morales, de línea radical, y de Arce, considerados “renovadores” que, además, han llevado a que ambos bloques por separado estén proclamando a uno y otro como candidatos para las elecciones de 2025.
(Con información de EFE)
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